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Del "manifiesto" y la presidenta...

“El que se alaba a sí mismo siempre encuentra quien se ría de él, lo cual no es cómico sino trágico.”

(John Milton)


Resulta mucho menos exigente el esfuerzo por responder a la airada reacción presidencial posterior, que al manifiesto que la ha provocado. Y eso que la soflama de Pilar Jurado es prolija y apasionada, siempre en ese tono de autocomplacencia a que nos tiene acostumbrados su infinito ego presidencial.

Comienza el alegato diciendo que "Ante la gravedad del Manifiesto encabezado por los Vicepresidentes Antonio Onetti y Fermín Cabal, en mi calidad de Presidenta de SGAE y en la defensa y representación de más de 120.000 socios, quiero manifestar...", y se despacha a gusto, desde luego, aunque es evidente que su "calidad de Presidenta" prevalece sobre la "defensa y representación" de esos "más de 120.000 socios", ya que toda su palabrería posterior no parece sino obedecer a la exclusiva defensa de sí misma y de su providencial gestión, atacando con vehemencia a todo aquel que haya osado cuestionarla. Por lo visto, la discrepancia de Onetti y Cabal supone, para Pilar Jurado, "difamar a su Presidenta", además de una "deslealtad a la Sociedad General de Autores y Editores y a su propio Colegio" (que debe entender que encarna) y todo ello al servicio de "intereses ocultos para destruir la credibilidad de nuestra entidad y sembrar la división de la misma".

Su poco elegante mención a Gerardo Rodriguez, para intentar justificar su propio fracaso ante CISAC, dice mucho de la calidad de su liderazgo.


Quizás debiera la presidenta reflexionar sobre todo ello, lo que podría llevarla a la conclusión de que la mejor defensa del colectivo social sería, precisamente, su renuncia a tal representación.


Lamentablemente, cuando la vanidad se acompaña del desconocimiento da lugar a afirmaciones como las que Pilar Jurado vierte sobre los socios de Sgae, día sí, día no, en un vano esfuerzo por maquillar una realidad que ya casi nadie cuestiona: la actual legislatura está amortizada y su presidencia sólo ha significado un breve paréntesis en la historia de una entidad centenaria, por más que se empeñe en edificar una esfinge virtual a su mayor gloria.

Como historia serán, sin duda, los cargos contratados por ella, desde un director general sin conocimiento alguno de la gestión colectiva y de las particularidades del sector (blindado por dos años, con 18 meses de indemnización, tras un intento fallido de hacerlo por cuatro años) y siguiendo por el resto de contrataciones externas, cuyas remuneraciones y posibles blindajes son a día de hoy una incógnita para todos (junta y consejo incluidos) a excepción de la presidenta y su escudero mayor.


La capacidad de Pilar Jurado de convertir tropiezos en éxitos no merece mucha más atención, pues forma parte de su ADN institucional, aunque no deja de sorprendernos en algunos casos, como cuando presume de haber logrado que la CISAC no nos retire el uso de sus herramientas, "pudiendo así mantener nuestra operatividad intacta", todo ello gracias a su excelsa diplomacia, claro, olvidando, o ignorando tal vez, que es el uso de esas herramientas el que permitirá la gestión y el pago de los derechos generados en España a las entidades extranjeras que han votado nuestra expulsión, pero que no quieren renunciar a su ventajosa balanza de pagos. Por lo demás, el anexo que incluye el listado de "sus logros" podría provocar casi ternura, si tuviéramos tiempo para ello.


Que la presidenta se considere apoyada y hasta aplaudida en los foros internacionales, o que presuma, como si fuera un insólito logro propio, de su participación en la reunión de la CISAC latinoamericana y de la "linea directa" con nuestros colegas de ultramar (lo que ya venía siendo una tradición, al menos desde 2016), por no hablar de su mención, como si de una gesta heroica se tratase, de la obligatoria convocatoria de una asamblea general ordinaria, así como las preceptivas preasambleas, es en el fondo irrelevante. Lo que no lo es, sin embargo, es que, mientras se pierde el tiempo en estas disquisiciones y en velar por la imagen de una Pilar Jurado en la picota y claramente amortizada, se deja de actuar en cuestiones de mucho mayor calado y urgencia, como es el ataque de una CNMC que, no sólo va a suponernos un quebranto de 8 millones, sino que puede consolidar principios muy lesivos para los intereses autorales de no emprender los recursos oportunos a nivel contencioso-administrativo. Por no mencionar la generosidad del señor Recio en sus negociaciones tarifarias radiofónicas, dispuesto a hacer concesiones que nos costarían muy caras y sentarían precedentes muy preocupantes.


Poco más puede decirse de este comunicado, más visceral que institucional, que aporta poco a los socios y que convence todavía menos.



El documento que lo ha causado, el llamado "Manifiesto del 1 de junio" sí merece mayor atención y una reflexión mucho más profunda que la que le dedica nuestra desairada presidenta, que sólo parece atender a aquello que pudiera afectarla en sus aspiraciones "ptolomaicas". Pero su contenido va mucho más allá de Pilar Jurado, por más que se pida su dimisión, algo casi anecdótico si consideramos las cuestiones de fondo a que hace referencia.


Muchos autores han recibido un correo del actual vicepresidente por el colegio Audiovisual y candidato alternativo a la presidencia tras el cese de Hevia, Antonio Onetti, en el que se pedía la firma para dicho manifiesto.


Decía concretamente:

"Estimados colegas:  tras la expulsión de SGAE por parte de CISAC, de la que ya tendrás noticia, los miembros de la Junta Directiva de los Colegios de Audiovisuales y Gran Derecho nos vemos en la obligación de reaccionar y decir basta ya a la penosa situación que llevamos arrastrando durante años. Por eso te invitamos a firmar este manifiesto, que estamos empezando a circular para hacerlo público lo antes posible. Un saludo Antonio Onetti"


Y a continuación exponía el contenido del manifiesto en sí mismo, que adjunto y sobre el que me permitiré un comentario crítico, sin más intención que la de exponer la opinión de un socio de la entidad, y por lo tanto afectado por todo aquello que la rodea, sin más relevancia que aquella que quiera concederme la generosidad de los lectores.


Veamos primero el manifiesto en su integridad:


De AUTORES DRAMÁTICOS Y AUDIOVISUALES DE SGAE.

1 de junio de 2019

Tras la triste decisión de la CISAC de sancionar a la SGAE con un año de expulsión y el perjuicio y descrédito que conlleva tanto para la entidad como para sus miembros, los abajo firmantes, miembros de los Colegios de Gran Derecho y Audiovisual, pedimos:

1.-  La DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA PILAR JURADO por su incapacidad para evitar la expulsión al poner en riesgo la aprobación de los nuevos estatutos en la próxima asamblea de socios, por el incremento del número de votos temporales a los autores que gozan de mayor recaudación, aumentando el desequilibrio en los procesos electorales entre los socios, además de los de los de los distintos colegios entre sí en la Asamblea General.  Igualmente exigimos que se retire este apartado en la propuesta de estatutos, a fin de que puedan ser aprobados por una mayoría realmente de consenso, y se pongan los medios necesarios para un cumplimento real de los requerimientos planteados tanto por la CISAC como por el ministerio de Cultura.

2.-  La CONVOCATORIA DE ELECCIONES que conforme, inmediatamente después de la próxima Asamblea, una nueva Junta Directiva que incluya a todos los sectores que decidieron no concurrir a las últimas, propiciando el control de la entidad por parte de las editoriales de televisión.

3.-  El APOYO del Ministerio de Cultura, la CISAC y las entidades de gestión de nuestro entorno, así como de los miembros de los Colegios de Editores y Pequeño Derecho, para llegar a un gran acuerdo de REFUNDACIÓN de SGAE, que partiendo de la autonomía colegial conduzca durante la próxima legislatura a la SEGREGACIÓN DE LOS COLEGIOS DE GRAN DERECHO Y AUDIOVISUALES EN UNA NUEVA ENTIDAD DE GESTIÓN que defienda exclusivamente los derechos de los dramaturgos, guionistas, realizadores y directores de cine y televisión, músicos de teatro, cine y televisión y coreógrafos. Si presentamos ahora esta propuesta largamente madurada es porque hemos preferido esperar a la decisión de la CISAC para no interferir en el futuro de la SGAE y porque consideramos que este es nuestra única solución viable de futuro, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno.

Si quieres sumarte, contesta a este correo afirmativamente".


Ahora, tal y como he anunciado, daré mi opinión sobre este escrito y las circunstancias que lo han propiciado.

Vaya por delante que, como ya he comentado a uno de sus más destacados inspiradores, coincido seguramente en un alto porcentaje en su contenido, tal vez más en el espíritu que en la letra, ya que no puedo ocultar algunas reservas que procuraré explicar.

No puedo obviar tampoco su encabezamiento ("De AUTORES DRAMÁTICOS Y AUDIOVISUALES DE SGAE"), que invitaría a pensar que se dirige sólo a esos colectivos, aunque entiendo que responde a que estamos ante la iniciativa de una concreta agrupación electoral así conocida (ADA), y que, en todo caso, la invitación no excluye a autores musicales, con los que me consta se ha contactado y cuyo consenso parece muy necesario para el cumplimiento de la hoja de ruta que proponen.


Entrando en el texto propuesto, daré mi opinión punto por punto:


1.-  La DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA PILAR JURADO

No encuentro objeción a esta demanda (salvo que sea, quizás, precipitada), toda vez que parece lo más probable el rechazo de sus propuestas por parte de la próxima asamblea general, y muy especialmente la que afecta a la reforma estatutaria, algo muy determinante en las actuales circunstancias. Pero, por más que ella guste de atribuirse la autoría de toda iniciativa, entiendo que la responsabilidad por "poner en riesgo la aprobación de los nuevos estatutos en la próxima asamblea de socios" no sería exclusivamente suya, sino de la Junta Directiva en general, o al menos de aquellos de entre sus miembros que votaron a favor de tal propuesta.

Discrepo también respecto de que el cambio de valoración y el incremento de los votos temporales sea la única cuestión que desaconseja la aprobación de la reforma estatutaria. De hecho, eso sólo es una torpe y desacertada fórmula (que no sólo desapruebo, sino que considero un pésimo e inoportuno mensaje a la sociedad) de intentar compensar un error mucho mayor y grave, como es el de no establecer un criterio razonable de restricción para la condición de socio, diferenciando esta figura de la de mero administrado, algo que ya propusimos en la reforma de 2018 y que hacen todas las entidades en general, de forma que se pueda cumplir con la exigencia legal que exige la universalidad del voto sin incurrir en la irresponsable consolidación de un disparatado sistema de representación que será letal para la estabilidad futura de la Sgae y su gobernabilidad al margen de intereses hoy impredecibles (eso al margen de los costes de tal despropósito, que ni siquiera han estudiado antes de tomar tan desacertada decisión). Por ello, la mera retirada del punto a que se refiere el manifiesto no bastaría, a mi juicio, para la aprobación de la propuesta, siendo necesaria la corrección del error comentado, aparte de algunas otras cuestiones, también arbitrarias y con un sesgo político evidente, con las que tampoco coincido.


Sólo la presentación de una modificación "de mínimos", que recogiese exclusivamente aquellos aspectos necesarios para la adaptación a la legalidad vigente, pero con criterio y de manera responsable, sin introducir elementos conflictivos innecesarios, sometida a una previa revisión por parte del ministerio que garantizase, al menos oficiosamente, su aceptación, podría garantizar una aprobación por parte de una asamblea que sabría que su voto serviría para regularizar nuestra situación, pero sin "letra pequeña" de ningún tipo.


No parece fácil que esto sea ya posible de cara al próximo 24 de junio.


Teniendo en cuenta, sin embargo, que la legislación vigente no fue definitiva hasta el pasado 15 de abril, con la entrada en vigor de la Ley 2/2019, que reformaba el anterior TRLPI de 2018, afectando, además, a algunas cuestiones determinantes en nuestra adaptación estatutaria, no parece excesivo solicitar del ministerio una flexibilidad que permita llevar a cabo esta hoja de ruta de cara a una asamblea extraordinaria en el mes de septiembre.


Por todo ello, mi recomendación respecto de este punto 1 y no sólo en previsión de un rechazo asambleario, sino también en atención a las complejas circunstancias que rodean a la actual Junta Directiva y lo irregular de su composición, sería la de solicitar la dimisión, no sólo de la presidenta, sino de toda la junta directiva, que pasaría a quedar en funciones.


Ello me leva al punto 2 del manifiesto.


2.-  La CONVOCATORIA DE ELECCIONES

No puedo sino coincidir en este sentido con el manifiesto, sin otra reserva que mi absoluta abstención respecto de determinar a quién, o a quiénes, deberá incluir la Junta Directiva resultante de unas nuevas elecciones. Entiendo que cuando hablan de esa inclusión de "todos los sectores que decidieron no concurrir a las últimas, propiciando el control de la entidad por parte de las editoriales de televisión", se refieren simplemente a una invitación a la participación de aquellos que renunciaron a ello el pasado 26 de octubre de 2018 y, en ese sentido, lo comparto y los animo a hacerlo, naturalmente.


Únicamente introduciría algunos aspectos que se deberían tener en cuenta a este respecto y que permitirían garantizar un proceso ordenado, ajeno a influencias externas, a tutelajes paternalistas y a traumatismos innecesarios, además de respetar una cronología posibilista y asumible.

Una gestión responsable del más que probable varapalo asambleario y de la actual situación social aconsejaría, a mi juicio:


A- Dimisión de la presidenta y anuncio de la convocatoria inmediata de una Junta Directiva extraordinaria con el objeto de:

- Convocar elecciones anticipadas en el más breve plazo posible (siendo realistas, y en consideración a las necesarias gestiones previas, hablaríamos de la segunda quincena de octubre), pasando la Junta Directiva a estar "en funciones" a partir de ese momento.


- Remoción del Consejo de Dirección, asumiendo sus funciones una "comisión rectora" (personalmente, recomendaría que la formasen los cuatro vicepresidentes) que tendría la condición de interinidad propia de las circunstancias y que se limitaría a facilitar la necesaria gestión del día a día de la entidad.


- Encargo a la administración de la redacción de una reforma estatutaria "de mínimos" que se limitase a una estricta adecuación a la normativa vigente, sin modificación innecesaria alguna que pudiera generar polémica o discrepancias entre los diferentes colectivos sociales. Sí creo esencial que se contemple la necesaria prudencia institucional a la hora de implementar la exigida universalidad del voto, estableciendo criterios de calificación acordes con los utilizados por otras entidades a tal efecto.

Esta propuesta se debería enviar urgentemente al ministerio para su estudio y comentarios (lo que, estoy seguro, podría hacerse en un brevísimo plazo), de forma que, aunque fuese de forma "oficiosa", se pudiera contar con un texto que contase con su beneplácito de cara a presentarlo para su aprobación a una asamblea extraordinaria a celebrar en la primera quincena de septiembre, una vez ratificado por la Junta Directiva, que la convocaría a tal efecto.


Naturalmente, se informaría al ministerio de este calendario.


Con ello se habría asegurado una propuesta estatutaria ajena a cualquier controversia política, lo que facilitaría su trámite asambleario, permitiendo, además, la celebración de unas elecciones dentro del marco legal vigente y libres de cualquier sospecha o reserva.


Otra cosa muy diferente y a mi juicio difícil de abordar en este momento es la que introduce el tercer punto:

3.-  El APOYO del Ministerio de Cultura, la CISAC y las entidades de gestión de nuestro entorno, así como de los miembros de los Colegios de Editores y Pequeño Derecho, para llegar a un gran acuerdo de REFUNDACIÓN de SGAE, que partiendo de la autonomía colegial conduzca durante la próxima legislatura a la SEGREGACIÓN DE LOS COLEGIOS DE GRAN DERECHO Y AUDIOVISUALES EN UNA NUEVA ENTIDAD DE GESTIÓN...


Aquí estamos ante una cuestión de mucho más calado, que no puede afrontarse conjunta y simultáneamente con los puntos 1 y 2, ya que estos abordan una problemática coyuntural, como es una crisis institucional y política que precisa de una solución inmediata y de decisiones urgentes, mientras que en el tercero se plantea un escenario que viene a cuestionar el concepto multidisciplinar de la Sgae, su esencia propiamente dicha, y que va a requerir de una reflexión profunda y de consensos muy complejos.

Entiendo, por lo tanto, que pueda constituir un proyecto de futuro, de cara a la próxima legislatura, por parte del colectivo que lo defiende, pero no tanto que forme parte de un manifiesto como el que nos ocupa y que, tal vez, debería ceñirse, en aras a la eficacia, a las cuestiones más urgentes y asumibles en el corto plazo.


El tema es de la mayor relevancia y requeriría de un estudio extenso. No pretendo abordarlo en profundidad aquí y ahora, pues merece un espacio monográfico en este blog.


Si puedo adelantar que me resulta difícil plantear una segregación del colectivo Audiovisual sin considerar la existencia de DAMA, pues siempre he creído que la división es perjudicial para la defensa de los autores y parecería aconsejable que, si llegara el caso, se trabajara en dirección a una confluencia bien planificada.


Por lo que respecta al colectivo de Gran Derecho, a menudo he comentado su singularidad y la necesidad de darle un servicio que justifique su interés por la gestión colectiva, ya que de lo contrario no les sería de utilidad. Por ello me alegró particularmente la implantación de una propuesta que se gestó en la pasada legislatura y que ha sabido (y podido) hacer realidad y consolidar la actual Junta Directiva, y muy especialmente el Colegio de Gran Derecho, como es el compromiso por parte de Sgae de asumir el pago de sus derechos, sin las habituales demoras e independientemente del cobro de los mismos por parte de la entidad, que asume el riesgo que le corresponde en su condición de gestora.

En este sentido, me apenaría la segregación de este colectivo, tras conseguir un logro histórico tan importante y relevante para sus autores, aunque entiendo que serán ellos quienes tendrán que tomar la decisión que crean más conveniente.


En mi opinión, en todo caso, este tercer punto debería quedar fuera del manifiesto y formar parte, más bien, de un proyecto de candidatura de cara a las elecciones. Con ello no pretendo descalificar la propuesta, ni mucho menos. Creo que es una opción que está presente en el ánimo de ambos colectivos desde hace tiempo y que debe abordarse con el respeto y el rigor necesarios y exigibles, pues no son pocas las cuestiones colaterales a considerar.


Sería bueno, por ello, que el colectivo ADA preparase una propuesta sólida y rigurosa, y más allá de apelar a la ayuda de una CISAC que, mucho me temo, está en otras ligas y tiene poco que aportar al respecto, y a un ministerio que ha demostrado poca agilidad y que, además, en virtud de la legislación vigente no parece que pueda poner muchas trabas a la creación de nuevas entidades de gestión que cuenten con el respaldo social necesario y cumplan los requisitos exigidos, se centre en las conversaciones con el colectivo de Pequeño Derecho y Editorial, en busca de los consensos necesarios para asegurar una legislatura estable y abierta a sus propuestas, que ofrezca a los socios un proyecto ilusionante de futuro de cara a las próximas elecciones.

La "especialización" de la gestión no es necesariamente una mala opción, si somos capaces de compaginarla con una leal colaboración entre entidades y una "colectivización" de determinadas funciones que permita el abaratamiento de costes y una mayor eficiencia en la gestión de los derechos en beneficio de los socios.


Una vez más, reitero que no hago sino dar mi opinión ante un manifiesto que han firmado ya un número importante de socios.

Nada más lejos de mi intención que calificarlo, y menos aún desautorizarlo.


Simplemente, expongo mi punto de vista, que no someto a apoyo o firma alguna y que, en realidad, va dirigido a quienes hoy tienen la responsabilidad de gestionar esta compleja situación, por encima de filias, fobias o intereses particulares.


De ellos dependerá, en gran medida, lo que pueda depararnos el futuro inmediato.



José Miguel Fernández Sastrón

(4 de junio de 2019)