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El Contrato Editorial: Una guía para los autores II

Actualizado: 27 de jul de 2018

AUTORES Y EDITORES: CUESTIONES ESTATUTARIAS.



Nos referíamos en nuestra anterior entrega al marco jurídico que regula la relación entre autores y editores en el entorno de la LPI. Tuvimos ocasión de comprobar que el contrato de edición musical suponía unaexcepción a la generalidad de los contratos de edición, según se establecía en el artículo 71, que eliminaba para esta figura determinadas cláusulas en detrimento de los autores musicales, siendo la ausencia de la limitación temporal la más relevante entre otras carencias.



Es evidente, y así lo hemos dicho reiteradamente, que es imprescindible una revisión rigurosa de las condiciones de estos contratos y que sería de esperar una reflexión por parte del legislador sobre esta cuestión, que debería, sin más dilación, afrontar en un proyecto de reforma de la LPI en curso que parece más enfocado a defender intereses industriales que a consolidar la adecuada protección de los derechos de los autores. Sin embargo, a nadie se le escapa que es mucho lo que los nos jugamos en esta reforma legislativa, estando en peligro intereses generales determinantes como son los derechos exclusivos y la propia gestión colectiva, por lo que la prioridad, hoy, desde el ámbito de las entidades de gestión, debe estar en estas cuestiones, sin las que todo lo demás sería absolutamente inútil, evitando cualquier conflicto interprofesional que debilitara la necesaria unidad de acción frente a esta amenaza real y facilitara la tarea de quienes ven en los derechos de autor un obstáculo a sus perspectivas de beneficio. Ello no es, por otra parte, un impedimento para una acción puramente autoral encaminada a plantear esta y otras demandas que están desde hace tiempo en la agenda de nuestro colectivo.


A la espera de ese milagro legislativo, por lo tanto, es necesario que los autores españoles conozcamos otro ámbito determinante en lo que respecta a la relación con los editores, los derechos y obligaciones inherentes a la misma y las pautas por las que se rigen en la práctica diaria. En nuestro caso, estaríamos hablando del ámbito estatutario y reglamentario de la SGAE.



Nota: desde la redacción de este artículo, los estatutos han sufrido variaciones en alguno de los puntos mencionados y especialmente en el artículo 50, a consecuencia de una sentencia judicial que comentaremos al final en una *Nota del autor, y añadimos el enlace a los estatutos vigentes a julio de 2018.


Por lo que respecta al ámbito estatutario, encontramos una primera referencia en el artículo 16 de los estatutos de sgae:


"Artículo 16.- Los miembros estatutarios o socios: grupos profesionales 1.- Los socios deberán pertenecer, al menos, a uno de los diez siguientes grupos profesionales: escritores (obras literarias); compositores (obras musicales, dramático- musicales, coreográficas y audiovisuales); letristas (de composiciones musicales); autores dramáticos; coreógrafos; mimos; directores-realizadores (de obras audiovisuales); argumentistas y guionistas (de obras audiovisuales); autores de obras no musicales creadas especialmente para producciones de “multimedia” y editores musicales.


Los socios quedarán encuadrados en uno o varios de los colegios electorales que se regulan en el artículo 46, integrándose los autores de obras para producciones de “multimedia” en el Colegio de Obras Audiovisuales".


Ya sabemos, por lo tanto, que los editores musicales son miembros estatutarios (socios) de nuestra entidad, sujetos, como todos, a derechos y obligaciones y que se encuadran en su propio grupo profesional dentro de la Sgae.


Los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sgae establecen los derechos y obligaciones de los socios. En el caso de los editores, encontramos unas obligaciones particulares en el propio artículo 19,2:


"2.- Los editores musicales están obligados:


a) A registrar en la Sociedad las obras de las que sean derechohabientes, aunque ya lo hubiesen sido por los socios de quienes hayan adquirido los correspondientes derechos de explotación.


b) A notificar por escrito a la Sociedad la celebración de los contratos en que funden sus derechos, con mención de su fecha y lugar de otorgamiento, nombre y domicilio de los cedentes, obras comprendidas en aquellos, duración, claves de reparto y anticipos concedidos. A requerimiento expreso de la entidad, deberán facilitar una copia de los correspondientes documentos, traducida al castellano, en su caso, y un ejemplar de la edición gráfica de las obras, que les será devuelto tan pronto como se cumpla la finalidad de la petición o se lleven a efecto las medidas necesarias para dejar constancia de los particulares del ejemplar que interese a dicha finalidad.


c) Y a cumplir las obligaciones previstas en los apartados c), d), e), f), h) e i) del número 1 de este artículo, en la medida en que le sean imputables".


Como el resto de Colegios Profesionales, el de editores musicales está representado en la Junta Directiva según establece el artículo 46 para la composición de la misma:


"Art. 46-D) Por el Colegio Electoral de socios editores perceptores de derechos de comunicación pública, reproducción-distribución y remuneración de obras de grande y pequeño derecho y audiovisuales (Colegio Editorial), OCHO miembros. Este Colegio Electoral estará constituido únicamente por el siguiente grupo profesional:

– Editores de música, OCHO (uno de los cuales, al menos, lo será de obras sinfónicas y/o dramático-musicales)".


Vemos que la única especificación que hace este artículo es respecto de laobligación de que uno de los ocho editores lo sea de "obras sinfónicas y/o dramático-musicales". Más adelante veremos, sin embargo, que se establecen otras condiciones en cuanto a la composición de este colectivo en la Junta Directiva.


En la actual Junta Directiva la representación editorial está compuesta por:


Colegio de Editores Musicales:


M 20 SL.

(Carlos Martínez Ortiz)

Peermusic Española S.A

(Rafael Aguilar Grabowski)

Sociedad Española de Ediciones Musicales (SEEMSA) (Manuel López Quiroga Clavero)

Teddysound S.L. (María Teresa Alfonso Segura)

Universal Music Publishing SL

(Rafael Artero Montalván) Warner Chappell Music Spain

(Álvaro de Torres Zabala) Sony ATV Music Publishing Spain

(Juan Ignacio Alonso Puig) EMI Music Publishing Spain

(Leire Alcalde)


Lo primero que observamos es que el colegio editorial, en la Junta Directiva, está compuesto por cuatro representantes de las editoriales multinacionales y cuatro editores independientes (en el artículo 66 veremos, además, que en el Consejo de Dirección les corresponden 3 de los 13 puestos, que ocupan actualmente dos multinacionales, Sony y Warner, y un independiente, M20).

El artículo 63 establece la duración del cargo de los miembros de la Junta Directiva, dejando claro que será de cuatro años, es decir, lo que dura la legislatura.


Artículo 63.- Duración de los cargos

1.- Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus cargos durante cuatro años.

Únicamente se permitirá la reelección por dos mandatos de forma consecutiva.


Es aquí donde surge la primera duda en muchos autores acerca de un cierto trato privilegiado hacia los editores, ya que, si bien el artículo establece específicamente una limitación de dos mandatos consecutivos para los directivos, ésta no parece afectar a los representantes editoriales que han venido ocupando el cargo más allá de este plazo, en ocasiones, durante muchos años.



Este "privilegio" editorial no se ve, sin embargo, justificado por norma estatutaria alguna y se trata, mas bien, de una situación tácita derivada de su carácter de "personas jurídicas". De hecho, ni siquiera están obligados a cambiar a lapersona física que los representa, lo que sería, al menos, un atenuante para esteagravio comparativo. Uno se pregunta sobre la causa de estaexcepción y si no existen socioseditores suficientes como para cumplircon estos ciclos a que sí se ven sujetos los autores.


La primera conclusión es que esta exclusiva capacidad de permanencia prolongada en el cargo de los editores los dota de una ventaja en conocimientoy experiencia superior a la que podrán tener los representantes autorales, sujetos a la mencionada limitación de mandatos.


Una posible explicación a esta excepción editorial, al margen de la mencionada sobre su condición de "personas jurídicas", la podemos encontrar en uno de los artículos mas contradictorios de los Estatutos Sgae, el 50, que trata de las causas de inelegibilidad y que establece en su apartado b) que no serán elegibles:


"Art. 50, b) Entidades de edición, de las que la totalidad o parte de sus acciones o participaciones sean o lleguen a ser propiedad de organismos privados o públicos deproducción de fonogramas, con excepción de la mitad de los miembros del Colegio Editorial".


La interpretación de este artículo es confusa, ya que, en primer lugar, considera "no elegibles" a las editoriales que sean propiedad de empresas de "producción de fonogramas" (que, como tales, serían usuarias del repertorio Sgae y entrarían en un conflicto claro de intereses, argumento por el que no pueden entrar en la Junta Directiva las editoriales de lastelevisiones). La contradicción está en que, si bien establece esta incompatibilidad con respecto a las editoriales discográficas, esta es sólo aplicable a la mitad de los puestos de los editores en la Junta Directiva, permitiendo que ocupen el 50% de los mismos. Casualmente, además, parece una excepción hecha a medida de las multinacionales que son, precisamente, cuatro, es decir, la mitad justa de los puestos correspondientes al colectivo editorial.


No queda claro, por otra parte, si esta excepción debería afectar a no más dela mitad del colegio editorial, o, necesariamente, a la mitad del mismo. Si fuera el primer caso, nada obligaría a la constante inclusión de las cuatro multinacionales; podrían ser tres, dos, una, o ninguna. Ello permitiría sin problema alguno la rotación exigida para el caso de los autores.

Sin embargo, la realidad parece ser consecuencia de una interpretación de la norma desde el segundo supuesto, es decir, que deben ocuparnecesariamente la mitad de los ocho puestos asignados. En primer lugar, habría que preguntarse quien ha decidido estainterpretación y porqué no podría hacerse en el otro sentido. Además, incluso aceptándolo así, no existe razón alguna que impida exigir a las editorialesque sus representantes "físicos" deban estar sujetos a la limitación de dos mandatos consecutivos que obliga a los autores.


Por otra parte, la cuestión podría ser si la mejor forma de solucionar esta diferencia sería aplicar la misma limitación a los representantes editoriales o, por el contrario, suprimirla también para los representantes autorales, manteniéndola, exclusivamente, para la Presidencia, dado su carácter ejecutivo.

A día de hoy, además, una nueva circunstancia complica un poco más esta cuestión. A partir de la fusión, o absorción de EMI por parte de SONY, la pregunta es si deberían mantenerse los dos puestos en la Junta Directiva de Sgae o solo el de SONY, como representante de ambas entidades. El reciente cese de la representante de EMI (que ha sido, finalmente, remplazada en la última reunión de la Junta Directiva), por otra parte, ha abierto prematuramente este debate, que normalmente no se hubiera planteado en esta legislatura, ya conformada, sino, en todo caso, de cara a la próxima convocatoria electoral.


Pero si bien estas cuestiones estatutarias nos invitan a una reflexión por parte de los autores sobre algunas particularidades que afectan al colectivo editorial, y especialmente a los representantes de las multinacionales, en lo que podría entenderse como un cierto privilegio sobre el colectivo autoral, no reflejan, en realidad, sino una pequeña parte de las cuestiones que afectan a larelación entre autores y editores.


Será en el ámbito reglamentario donde podremos encontrar respuesta a la mayoría de las cuestiones que preocupan, y que a menudo desconocen, muchos de los autores sujetos a contratos editoriales regulados, en gran medida, a efectos prácticos, en este entorno.

Se trata, en todo caso, de ámbitos internos, que no requieren de la intervención del legislador y que deben afrontarse desde el diálogo y lanegociación entre los colectivos afectados. Otra cosa sería intentar construir la casa empezando por el tejado y cualquier exigencia sobre una actividad institucional externa de la entidad en este sentido, mas allá de propiciar este debate interno en el seno de la Junta Directiva, con propuestas de modificación de estatutos y reglamento en este tema, sería, no sólo inoportuna, sino, además, irresponsable, y podría poner en riesgo la necesaria unidad de acción para afrontar una reforma de la LPI cuyas consecuencias, de no ser capaces de contrarrestar, serán irreversibles para todos los autores en general, para el concepto de derechos exclusivos y para la gestión colectiva en que se basa la protección de nuestros derechos y lagarantía de nuestra supervivencia como creadores.

Dedicaremos la próxima entrada de AsesorAutor a esta cuestión en:


El Contrato Editorial: Una guía para los autores III

"AUTORES Y EDITORES: CUESTIONES REGLAMENTARIAS".


José Miguel Fdez. Sastrón

(31 de octubre de 2013)



*Nota del autor:

La redacción del presente artículo se hizo bajo los estatutos vigentes a la fecha de su publicación.

A día de hoy, estos estatutos se han visto modificados por el Juzgado de Primera Instancia No 17 de Madrid, Sentencia No 298/2017.

Dicha modificación no afecta a los mencionados artículos 16.1, 19.2, 46.D y 63.1

Si lo hace, en cambio, con el 50.1.b), que queda "sin contenido", eliminando precisamente la excepción comentada para cuatro miembros del colegio editorial.

Dicha sentencia existe a día de hoy un "recurso de apelación", tras aceptarse el "recurso de queja" interpuesto por los afectados tras la negativa por parte del tribunal de admitirlos como partes. De momento no hay sentencia sobre estos recursos, más allá del rechazo de las "medidas cautelares" solicitadas por dichos afectados.

Los estatutos actualmente vigentes están en:


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/documentos-sgae/PDF_SGAE_2018/Estatutos_SGAE_enero_2018.pdf


Conviene recordar, sin embargo, que la modificación de los mismos deberá realizarse en un periodo breve, al menos en aquellos aspectos afectados por el nuevo TRLPI de 13 de abril de 2018 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930).



(27 de julio de 2018)