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El ministerio desautoriza a Sgae y advierte contra "la limitación de derechos que pretende imponer".

“Pareció que no importaba ser mediocre o ser ignorante o venal para hacer carrera política, y ahora que necesitamos desesperadamente dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que sean capaces de tomar decisiones y llegar a acuerdos nos encontramos gobernados por toscos segundones que no sirven más que para la menuda intriga partidista gracias a la cual ascendieron, todos ellos, mucho más arriba de lo que se correspondía con sus capacidades.” (Antonio Muñoz Molina)

No ha servido de mucho el posado de la presidenta con el Ministro, que ha enviado un requerimiento muy duro que desautoriza la política social de Pilar Jurado y su Junta Directiva, advirtiéndola seriamente contra su intento de manipular la Asamblea General del próximo 15 de octubre.

Hablábamos hace unos días aquí (https://www.asesorautor.com/post/una-sgae-a-medida) de la intolerable estrategia con la que Pilar Jurado y sus pretorianos pretendían dinamitar la democracia social en la próxima asamblea, privando del derecho a asistir y votar a un importante número de socios, precisamente aquellos que habían mostrado su oposición a la actual gestión, basándose en una más que discutible interpretación del artículo 27 de los vigentes estatutos. La Secretaría General (¡que mal empieza este hombre!) estaría ya trabajando, de hecho, con un nuevo censo excluyente que, incluso, impediría votar (por cuestiones burocráticas) a aquellos que pudieran haber retirado, previamente a la celebración de la asamblea, sus solicitudes de baja, algo que, para mayor escarnio, se pretendía legitimar a posteriori con la modificación estatutaria (estableciendo un plazo de seis meses para recuperar la condición de socio en esos supuestos) que se presentaría a esa asamblea constituida a medida de los intereses presidenciales y de sus leales escuderos.


No estamos ante un supuesto, sino ante un hecho consumado, toda vez que los socios afectados ya habían recibido comunicaciones oficiales en este sentido desde la Sgae. Con ello quiero decir que ya no le valdrá a la presidenta su habitual treta de "no fui yo, era solo una propuesta, nada definitivo, estamos estudiándolo..." y demás excusas habituales cuando se ve sorprendida en alguna de sus muchas irregularidades (blindajes, contratos, acuerdos post-contractuales, remuneraciones sin contrato a supuestos asesores, todo ello sin cumplir los requisitos exigidos, animada seguramente por la costumbre de su Junta Directiva de ratificar, a posteriori y sin pedir explicaciones, todas sus ocurrencias, asumiendo colegiadamente la responsabilidad de una presidenta temeraria y de unos asesores mejor remunerados que dotados para la gestión de una entidad como Sgae).

Pero, he aquí que, sorpresivamente, tras un prolongado silencio y después del posado de Longoria (en el que se ve algo incómodo al Ministro y muy pendiente de los fotógrafos a la presidenta, deseosa de dar un mensaje idílico institucional) el ministerio ha entrado en juego, ya era hora, y ha dado un puñetazo en la mesa contra las perversas intenciones de Pilar Jurado y su Junta Directiva, dejando muy claro que no va a consentir sus manejos a la hora de cercenar los derechos de los socios.


Algo así como... ¡No cuela, Pilar!


Cosa que, normalmente, debió haberle advertido previamente el recién estrenado Secretario General, que parece haber asumido mansamente esta irregularidad que hoy denuncia el ministerio y que exige corregir de forma inequívoca e inmediata.


Y es que la interpretación que hace la presidenta (entendemos que tan mal asesorada como intencionada) del artículo 27 (que ya cuestionamos en una entrada anterior) no solo es inédita en el tiempo (nunca se había retirado el derecho al voto en esta circunstancia), sino que contradice, además, y esto es más grave y exige responsabilidades, tanto al nuevo TRLPI, como a la propia Ley de Asociaciones (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo), a la que también estamos sometidos.


El requerimiento recibido es claro en este punto al manifestar que "la previsión establecida en el artículo 27 de los estatutos de la SGAE introduce elementos que restringen, sin base jurídica que los sostenga, el ejercicio del derecho de revocación del contrato de gestión", para añadir posteriormente que se trataría de "Un artículo estatutario que, por lo tanto, no es conforme con el actual TRLPI tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril y por la Ley 2/2019, de 1 de marzo", caso del artículo 27 en su interpretación actual (que lejos de corregir, pretenden ratificar y ampliar).


Pero añade el requerimiento ministerial que "A mayor gravedad, la limitación de derechos que pretende imponer la SGAE en contra de lo estipulado por el TRLPI durante la vigencia del preaviso (periodo de tiempo durante el que esos miembros/asociados siguen siéndolo de la entidad/asociación pues, como se ha indicado, la eficacia de la revocación se despliega el 1 de enero de 2020) afecta a derechos que, además, desarrollan el contenido del derecho fundamental de asociación tal y como determina la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación".


Tras su argumentación, el ministerio da un plazo de 3 día para "subsanar la información comunicada a estos miembros y garantizar, durante la vigencia del preaviso, la plena eficacia de todos sus derechos como socios de la entidad reconocidos tanto en los estatutos de la SGAE como en el ordenamiento jurídico aplicable a la entidad".


Pero lo más grave de esta cuestión no es solo el varapalo recibido y con ello la constatación de que la estrategia de Pilar Jurado y su junta, de cara a garantizarse una asamblea propicia, era, como habíamos denunciado, absolutamente irregular, confirmando además que la "Administración está descabezada y no ejerce su función moderadora de los desvaríos políticos...", como veníamos advirtiendo.

Tanto o más grave es que la propuesta estatutaria que pretende presentarnos Pilar Jurado el próximo día 15 de octubre, con el beneplácito, debe entenderse, de todos los implicados, no solo recoge el artículo 27 en su actual redacción y desde su innovadora interpretación, sino que le añade un párrafo final que establece que "En el caso de que el cesante rectifique su solicitud de baja antes del 31 de diciembre del año en que se hubiese hecho efectiva, recuperará la condición de socio transcurrido un período de 6 meses desde la fecha de dicha rectificación".


Con ello, Pilar Jurado y sus asesores, pretendían seguramente "blanquear" la tropelía que estaban dispuestos a perpetrar (en su linea de ratificaciones a posteriori), no solo legitimando su interpretación excluyente, sino incluso entorpeciendo y dilatando la recuperación de sus derechos expoliados al socio que decidiera retirar su solicitud de baja. Para ello, contaban con una asamblea mermada de voces críticas. Y lo hubieran conseguido, de no intervenir el ministerio hoy, ante la desidia y falta de criterio (y de información) de una gran parte de la masa social.


Pero lo cierto, en definitiva, es que la presidenta y su junta iban a someter a nuestra aprobación en la asamblea, no ya una reforma estatutaria que excede a lo estrictamente necesario para su adaptación a la legislación vigente, incluyendo cuestiones políticas y no tan políticas (alguna de cierto calado y muy discutible), a gusto de los señores junteros, con el riesgo de volver a crear un rechazo por parte de los socios, que seguramente no tendrían inconveniente en aprobar sin reparos una reforma "de mínimos" que permita regularizar la situación y convocar unas elecciones que deriven en una nueva Junta Directiva sin las carencias actuales y legitimada para afrontar un verdader proyecto de futuro.

Iban a someternos una reforma que incluye preceptos ilegales, directamente desautorizados hoy por el ministerio (con el que no han debido consultar mucho, por lo que se ve, pese a ser necesaria su bendición).


Dicho en términos asequibles a todo intelecto:


¡Nos propondrían una reforma directamente ilegal! (que indudablemente el ministerio tumbaría al día siguiente).


¿De verdad no les da vergüenza?


Hablaba uno de los recientes comunicados "apologéticos" de la entidad de "la profunda transformación de la SGAE impulsada por la presidenta Pilar Jurado, orientada a acometer con éxito los desafíos sociales y tecnológicos de la entidad, además de la mejora de los procedimientos internos de gestión, con el objetivo de incrementar la eficacia y la transparencia".


Es evidente que el propósito le queda grande.

Tal vez pueda conformarse con lo de la transparencia y dejar el resto a los profesionales.


Decía el requerimiento también que "Asimismo, la SGAE deberá, con carácter inmediato, dar traslado del presente requerimiento a todos los miembros de su junta directiva y, en su momento, de la respuesta al mismo".


Me consta que, al menos algunos miembros de la Junta Directiva, no habían recibido dicho requerimiento, lo que tampoco es extraño, dado que se les ocultan muchas cosas (aunque no son rencorosos y perdonan con facilidad).


Pero, puestos a ser transparentes, ¿por qué no hace la presidenta uno de sus comunicados, informando a los socios de esta circunstancia y publicando el requerimiento íntegro para mayor información?


Y luego, si tiene algo de dignidad, que dimita, seguida de sus palmeros...




José Miguel Fernández Sastrón

(11 de septiembre de 2019)