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La Actas "invisibles" de la Sgae de Pilar Jurado

"El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente y una copia de la misma se deberá poner a disposición de todos los miembros de la entidad de gestión electrónicamente en el plazo de un mes desde su aprobación".

(TRLPI 2019)

El Secretario General de Sgae es es responsable, entre otras cosas, de velar por "El cuidado de la documentación social", lo que incluye, naturalmente, las actas de las reuniones y su gestión.

La presunción de veracidad de que gozan las actas de las reuniones en las organizaciones, en general, hace muy importante la gestión que de las mismas se haga por parte de quienes tienen la obligación de asegurar los procesos de su redacción y aprobación, así como de custodiarlas.

De hecho, a efectos prácticos, nada ocurre fuera de las actas y estas son las únicas herramientas de que los administradores gozan para dejar constancia de sus hechos y opiniones, ante cualquier eventualidad futura (algo que, en los tiempos que corren, no es una nimiedad). Eso, al margen de la clara normativa al respecto, hace muy conveniente que no transcurra demasiado tiempo entre la reunión y la aprobación del acta correspondiente, lo que permite a los asistentes una memoria más fresca sobre las cuestiones debatidas y el desarrollo de los acontecimientos.


Por eso llama la atención la falta de interés que los actuales miembros de la Junta Directiva de Sgae muestran por esta valiosa documentación, o, al menos, eso cabe deducir de su resignada aceptación de un hecho notable en esta etapa de Pilar Jurado, en la que están, a día de hoy, pendientes de aprobación no menos de cuatro actas, de sendas reuniones de la Junta Directiva (con la de mañana lunes, sesión en la que la presidenta, dicen, tampoco las someterá a aprobación, ya serán cinco).

Imagínense ustedes que todavía no han podido, no ya aprobar, sino siquiera conocer, los miembros de la junta, las actas de las reuniones de 25 de julio, 10 de septiembre, 17 de septiembre y 10 de octubre del corriente, eso si no se me escapa alguna.

Curiosamente, recuerdo que durante la anterior legislatura, el ministerio nos exigía (a través del señor Guervós Maíllo), no ya las actas aprobadas, con exquisita puntualidad, sino, incluso, los borradores de las mismas, aun antes de su aprobación por junta y consejo. Parece que ya no se exige tanto, y en el ministerio no ven un acta desde el pasado mes de julio.


Independientemente de la falta de diligencia en esta cuestión por parte de quien tiene la responsabilidad sobre la gestión de las actas y de la negligencia de los junteros en requerirlas, es evidente que la Presidencia tiene la facultad de elaborar el orden del día de las reuniones y determinar, por lo tanto, su contenido. Por ello, salvo que desde Secretaría General no se le hayan proporcionado a tiempo de ser incluidas (y hablamos ya de meses, en algunos casos), el no someterlas a la aprobación de la junta, en plazo y forma, es responsabilidad suya.


Con ello, no solo se priva a los miembros de la junta de ese documento fundamental, retrasando sin razón su examen y aprobación, sino que se está incumpliendo de manera sostenida lo establecido al respecto por el TRLPI de 2019, que es claro cuando dice que "El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente (...)".

Naturalmente, siempre puede alegar la presidenta que "podrá" es un término algo ambiguo y que podría interpretarse con flexibilidad (aunque, el que no se mencione ninguna posibilidad diferente a las enunciadas, invita a pensar que no se contempla).

Y en este caso, además, la flexibilidad es tanta como para que las actas de las últimas cuatro reuniones permanezcan inéditas, en la Secretaría General (algo que, seguramente, no hubiera consentido nunca el anterior Secretario General, Sr. Carlos Lopez, cesado, precisamente, por empeño de Pilar Jurado).

O, quién sabe, tal vez, en el escritorio presidencial, a la espera de la bendición.


A la próxima reunión, mañana lunes, día 2, no se llevarán tampoco, según hemos oído, pese a estar inicialmente previsto en el orden del día, que la presidenta habría cambiado en el último momento, eliminando ese punto específico (y de paso corrigiendo el olvido de incluir la toma de posesión del nuevo miembro entrante, en sustitución de Teddy Bautista, un asunto puramente formal que Pilar Jurado, una vez más, retrasa hasta el punto número 5, no solo privando al nuevo consejero de escuchar el informe de presidencia, sino impidiéndole participar en el punto anterior, que exige toma de decisión, algo que, además de una profunda descortesía, pudiera ser más que cuestionable por irregular y arbitrario).

Si en algún momento llegan a someterse esas actas a su examen y aprobación (algo que no parece muy probable a corto plazo, visto lo visto) bien harían los junteros en revisarlas con especial esmero (solicitando, si fuera preciso y existiera alguna discrepancia, las grabaciones que obran en poder de la Secretaría General al efecto).

Pilar Jurado con el ministro "en funciones", José Guirao, a quien parece haber convencido de que flexibilice su fiscalización de las actas. El ministro y su equipo no reciben ninguna desde el pasado mes de julio.

Pero parece que, eso sí, en otra demostración de su nueva forma de entender la gestión de la Sgae, siempre insólita y sin precedentes, Pilar Jurado someterá de nuevo a debate un acta pretérita, ya aprobada anteriormente por la Junta Directiva, para su "Reaprobación". Un acta de la reunión del 7 de mayo de 2019, ni más ni menos, y es que en esta Sgae "Pilariana", no solo se tarda en conocer y aprobar las actas, sino que, además, estas no parecen ser definitivas y están sometidas a revisiones a su voluntad y capricho, gozando de una condición "revolucionaria" en cualquier organización, como es la "mutabilidad".

Porque no puede entenderse esta iniciativa si no es para modificar en alguna medida el contenido del acta previamente aprobada, lo que precisará, además, de una "reprobación" previa de la misma (o coexistirán dos actas para una misma reunión, algo que, incluso excede las excentricidades que podemos esperar de la actual presidencia). Y eso sin contar con la diferente composición de la Junta Directiva desde entonces, lo que no hace sino complicar más la cosa.

Dentro de la redacción del orden del día, la de este punto en concreto debe ser fascinante (o insuficiente, lo que tampoco ha sido causa de conflicto en otras ocasiones para la dócil aceptación de una mayoría de junteros), ya que solo se podría (y no es poca cosa) "reaprobar" el acta, si esta fuera la misma, sin variación alguna en su contenido.


De presentar una nueva redacción, estaríamos hablando de la "aprobación" de un nuevo acta, que no afectaría, en puridad, a la versión anteriormente aprobada (salvo, insisto, "reprobación" expresa, lo que dudo mucho esté contemplado y de ahí el requiebro), decidiendo la creativa presidencia (y de consumarse, también aquellos junteros que así lo ratifiquen) que coexistan, como hemos dicho, dos versiones de una misma reunión, algo verdaderamente insólito y de carácter francamente extravagante.


¿Qué dice el Secretario General de esto? (¿o, es que no le preguntan?)


Si yo fuera miembro de la actual Junta Directiva me cuidaría mucho de participar en tan insólitas prácticas. A este paso, van a tener que asistir a las reuniones provistos de asesoramiento legal externo.



Por último, y ya que estamos, comentaré otra notoria "ausencia documental" que debiera también solucionarse.

La web de Sgae nos ofrece tradicionalmente las cuentas e informes de auditoría de los ejercicios ya aprobados por la Asamblea General. Sin embargo, no encontraremos la auditoria del ejercicio 2018, pese a que aparece anunciada. Si entramos en el icono así titulado, nos conduce a las cuentas de ese año (pero no al informe en cuestión, que tampoco, como podría esperarse, se encuentra en otro icono).

Lo lógico es pensar en un descuido, pero la relevancia de dicho informe y su condición determinante en una posible "discordancia" entre las cuentas que aprobó la asamblea y la realidad financiera de la entidad en ese momento (particularmente en lo relativo al "patrimonio neto", con lo que ello conlleva respecto de lo que establece el artículo 81 de nuestros estatutos) me hace ser más suspicaz, que quieren que les diga. Sobre todo después de las trabas y retrasos que me impusieron cuando, como socio, solicité el acta de dicha asamblea para constatar mi intervención en ese punto concreto (y que había sido "corregida", ante mi estupefacción, a conveniencia de la Administración).


En todo caso, si fuera un error, y démosles un voto de confianza, les rogaría que lo corrijan a la mayor brevedad, permitiendo el examen de dicho informe a los socios de la entidad y resto de interesados.

Personalmente, les quedaría muy agradecido.




José Miguel Fernández Sastrón

(1 de diciembre de 2019)