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La "Refundación" y los verdaderos retos de Sgae (más allá de la asamblea)

Actualizado: 10 de jun de 2019

“En cierta ocasión en que el padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios.”

(Gabriel García Marquez)


El próximo 24 de junio viviremos una nueva Asamblea General Ordinaria de Sgae, y como viene siendo costumbre en los últimos tiempos se anuncia tensa y poco propicia para la actual gestión, que no va a tener fácil la aprobación de sus propuestas.

Últimamente, la asamblea se ha convertido en un pulso entre gestores y opositores, mucho más enfocada a determinar las fuerzas de cada uno que a hacer un verdadero análisis de la realidad de una entidad que hace aguas y que se enfrenta a un escenario muy poco halagüeño, sobre todo si no se afrontan con el rigor necesario los muchos retos y obstáculos que tenemos por delante.


La Asamblea General tiene más de "Parlamento" que de "junta general de accionistas", en el sentido de que parece más abocada a la confrontación política que a la supervisión y control económico/financiero por parte de unos socios que apenas prestan atención a los informes de gestión, pero que pueden enzarzarse durante horas en cuestiones a menudo irrelevantes y muchas veces de carácter personal.


No sé lo que ocurrirá el día 24, pero sí creo que los socios deberían tener claras algunas cuestiones, que, desgraciadamente, no suelen tenerse muy en cuenta.


Respecto de la Asamblea General Ordinaria del día 24...


Si analizamos el orden del día de la asamblea, los puntos 2 y 3, referidos a las cuentas anuales de 2017 y 2018 tienen, en realidad, poco que ver con la actual Junta Directiva y su Presidenta. Sería, por lo tanto, poco riguroso desaprobarlas, si la finalidad fuera atacar su gestión, cuyos resultados no veremos realmente hasta el año que viene en las cuentas de 2019, que por cierto, a la vista de los datos de este primer semestre, se anuncian bastante peores. En el pasado año 2018, de hecho, la recaudación superó por primera vez desde hacía años la barrera de los trescientos millones (314) de euros y estaríamos ante unas buenas cuentas que, en todo caso, entendemos que reflejan la realidad económica de la entidad, o al menos la de esa etapa, ya que mucho me temo que la actual es bastante menos esperanzadora.

En cualquier caso, la desaprobación de las cuentas de 2017 y 2018 solo provocaría innecesarios problemas a la entidad y perjudicaría su credibilidad y funcionalidad financieras, sin que exista razón justificada para ello, aparte del juego político.


Para aquellos que busquen dejar constancia de su contrariedad y pretendan una censura efectiva, estaría el punto 1, el informe de gestión, que, aunque técnicamente también se refiere al 2018, sí suele entenderse como un voto de confianza al equipo gestor que lo presenta, en este caso el encabezado por Pilar Jurado, y su desaprobación se leería en clave política, sin perjudicar con ello a la entidad en sí misma, como sí ocurriría en el caso de las cuentas.


Los puntos 5 y 6, de marcado carácter técnico, no suscitarán probablemente mucha discusión y seguramente se aprobarán sin más complicaciones. O así, al menos, debería ser, si no caemos en una "politización" irresponsable.


El punto 7, una novedad de última hora, parece, siendo generosos, algo superfluo y tiene toda la pinta de un intento de la presidenta y su Junta Directiva de trasladar a la asamblea una responsabilidad que no tiene por qué asumir. De hecho, en la anterior legislatura, el Consejo de Dirección ya decidió la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el apercibimiento ministerial de septiembre de 2018, lo que ha permitido a la entidad defenderse del acoso político a que viene siendo sometida. Una vez interpuesto, no queda otra opción razonable que continuar gestionando judicialmente esa contingencia, para lo que no se necesita autorización adicional alguna, salvo, si fuera el caso, que se pretendiera renunciar al mismo, lo que sí debería autorizar el Consejo de Dirección.

Por ello, este punto, que no debería haberse incluido, no es más que la solicitud de un "aval político" mediante el que la presidenta, la junta directiva y seguramente también el nuevo director general (que, siempre atento a su "agenda social", no me extrañaría que fuese el inspirador de la propuesta) pretenden trasladar a los socios la animadversión del ministerio, cuya contrariedad ante un posible "tirón de orejas" judicial y por el inesperado escudo a la prepotencia administrativa que Sgae interpuso con este recurso, me consta.

Y también a ellos.

Pedir, a estas alturas, un "mandato" a la asamblea para que los responsables jurídicos de la casa, simplemente, cumplan con su función es, como poco, una excentricidad por parte de nuestros gestores. Pero que un gestor pretenda parapetarse tras los socios merece un juicio bastante más severo.


Lo que debería decir la asamblea es: señores, hagan ustedes su trabajo, que para eso les pagamos (y no poco, además).


El punto más complejo, dentro de los que suponen toma de decisión, es seguramente el 4, que se refiere a la reforma estatutaria. Es cierto que la Junta Directiva, en su reunión del pasado miércoles, hizo una última modificación que eliminaba la inoportuna reforma del voto temporal y corregía, al menos en parte, la desafortunada decisión anterior de no contraponer un filtro a la imperativa universalidad del voto (aunque, a mi juicio, el elegido no es suficiente y el riesgo institucional, pese a haberse reducido, se mantiene). Pero no lo es menos que, pese a experiencias anteriores, no se han limitado a una estricta adaptación a la nueva legislación, introduciendo algunas modificaciones de carácter político, que personalmente no comparto, que podrían hacer peligrar el necesario consenso. Entre ellas (y esto es meramente anecdótico, pero revelador), una cláusula específica para que alguno de los actuales "junteros", que estarían en su segundo mandato, puedan volver a presentarse si, como no es descartable, se produjera una convocatoria anticipada de elecciones. Y eso que algunos directivos que hoy lo proponen clamaron hace apenas un año contra una propuesta parecida.

La mayor dificultad estriba, en todo caso, en la necesaria mayoría cualificada de 2/3 que precisa su aprobación y que no parece fácil en las actuales circunstancias. Hubiera sido preferible que se ajustaran a una mera adecuación a la legislación, dejando la modificación más amplia, que necesitamos, para un mejor momento, con un mayor consenso social y sin la presión política actual que, en todo caso, no debería nunca justificar la aprobación de un mal texto.


Fuera de estos puntos, el resto son meramente informativos, aunque curiosamente podrían ser los más conflictivos y polémicos de la jornada (a excepción del punto 11, relativo a la Fundación Sgae, cuya única incertidumbre está en quién va a exponerlo, dados los recientes movimientos en Bárbara de Braganza).


El 8 traerá cola, sin duda, y los relativos a los repartos (9 y 10) van a tener también lo suyo.

El 10 porque no parece que la aplicación del nuevo sistema acabe de complacer a nadie y el 9, el informe sobre el reparto de diciembre de 2018, que fue desautorizado por la asamblea, porque no queda muy claro qué se va a hacer al respecto, ya que de momento, sólo parece haberse aprobado una declaración de intenciones sin consecuencia práctica alguna.

En todo caso, no exigen toma de decisión.


Los verdaderos retos de Sgae...


Pero en realidad, ocurra lo que ocurra el día 24 en la asamblea, seguiremos incursos en la incertidumbre de un escenario hostil a la Sgae y a la gestión colectiva en general, ante el que no parece que estemos haciendo gran cosa, ocupados preferentemente en una política de autocomplacencia, de marketing personal y presos de la resignación propia de un complejo de culpabilidad inducido e ignorante.

El problema de Sgae no es Pilar Jurado, o la actual Junta Directiva. Lo que ocurre, es que lo que tampoco son es la solución. Porque si algo ha demostrado la presidenta es su incapacidad de formar un equipo profesional de gestión, desmontando sin criterio una organización que desconocía absolutamente, para ajustarla a su capricho, atendiendo a criterios más propios de un "amiguismo bananero" que de una verdadera planificación seria y rigurosa. Su política de blindajes y de falta de transparencia remunerativa (respecto de sus nuevos fichajes), tampoco ha ayudado mucho a su credibilidad (ni a la de una Junta Directiva que lo ha consentido).


Lo grave es que una administración descabezada, falta de un proyecto de futuro y de una dirección competente (el actual director general no tiene conocimiento del negocio y parece más preocupado por su imagen institucional que por resolver los problemas de la entidad, que, por otra parte, le superan, seguramente) tiene que gestionar una realidad muy preocupante, como es el escenario actual.


La pregunta esencial es:

¿Saben la presidenta y el director general a que escenario nos enfrentamos realmente y qué debería hacerse para solventar la actual situación de Sgae?


La verdad es que da la impresión de que no, a juzgar por su gestión y por su actitud pusilánime ante los conflictos y el acoso a que estamos sometidos.


Sgae se bate en varios frentes, externos e internos. Y no basta con sonreír y con la palabrería vana de quien parece vivir en una permanente campaña electoral personal, sin asumir la realidad de la gestión de una entidad de la que dependen los autores y editores de este país y con más de cuatrocientos empleados.

Porque está muy bien eso de que su mayor preocupación es "la defensa de los derechos de los socios", o aquello de "transmitir a la ciudadanía la importancia de la cultura como herramienta de transformación social y como industria que contribuye a la economía de nuestro país". Lo que pasa es que nos gustaría saber cómo pretende hacerlo (lo de la defensa de los socios, lo otro ya se lo dejo a su criterio) y no parece que exista hoja de ruta alguna, más allá de poner parches, hacer turismo, bajar la cabeza y esperar a que la providencia nos resuelva el entuerto, lo que no parece probable.


A nivel interno la división intercolegial es preocupante, y sólo se resolverá con diálogo y reflexión por todas las partes. Como lo es la batalla que mantienen las editoras multinacionales con las televisivas, provocando con ello una división, a su vez, entre los autores musicales cercanos a uno u otro ámbito. Esto es algo que debemos ser capaces de resolver por nosotros mismos, promoviendo una legislación apropiada y aportando al legislador una información rigurosa, veraz, y no condicionada por intereses cortoplacistas de unos y otros, ya que no se va a lograr con la improvisada introducción, en la reforma del TRLPI, de una desafortunada limitación económica ligada a la relevancia comercial de una franja horaria concreta, que debería ser recurrida con la mayor urgencia (garantizando internamente, eso sí, los fines que la inspiraron). Quede claro que lo censurable de esta disposición legal no es su vocación limitadora de los posibles abusos en la remuneración de un repertorio determinado, algo necesario y urgente (para no repetirme y en relación a esta cuestión les remito a mi artículo https://www.asesorautor.com/blog-wj8by/silencio-se-rueda, en este mismo blog), sino su erróneo planteamiento a la hora de abordar estos excesos, pervirtiendo peligrosamente el principio esencial del derecho de autor, asociándolo, como elemento primordial y determinante, al beneficio comercial de los usuarios, en lugar de al hecho mismo de la utilización y disposición de las obras protegidas, causando una catarsis conceptual que, a no muy largo plazo, me atrevería incluso a decir que más bien corto, supondrá al derecho de autor, y por ende a los autores y editores, un perjuicio mucho mayor que el que se pretendía corregir con una norma improvisada, mal contextualizada, cortoplacista, exhibicionista y estimulada por intereses ajenos a la realidad autoral. Y ello, seguramente también, por la "prudencia política", siempre temerosa de enfrentarse a los medios de comunicación (en este caso las cadenas de TV) y la poderosa influencia de las grandes multinacionales discográficas, usuarias igualmente, a fin de cuentas, y perceptoras de derechos de autor a través de sus editoriales, no fuera a ser que una ley mejor enfocada a la realidad del conflicto pudiera estallarles en sus propias narices y volverse en su contra, ya que, por todos es sabido, exceptuando, tal vez, al legislador patrio, que el retorno obtenido por un usuario a través de sus editoriales no es un fenómeno, ni nuevo, ni exclusivo del ámbito televisivo.


A nivel externo lo preocupante es el asedio político, mediático e internacional que venimos padeciendo los últimos años y que ha cercenado enormemente la credibilidad de la entidad y de la gestión colectiva en general, todo ello en beneficio de los intereses de los usuarios y de la llegada de una gestión selectiva, basada en la especulación, a la que espera con avidez ya más de uno.

El "espontáneo" y familiar mensaje de apoyo a Pilar Jurado da un poco de vergüenza ajena, la verdad. ¿El próximo paso será abrir un canal de "Aló, Presidenta"?

Mientras tanto, no sabemos que planes tienen Pilar Jurado y su equipo para afrontar los verdaderos retos de Sgae. De momento, parece que su único reto es superar la asamblea, para lo que no escatiman en medios. Incluso han redactado un "espontáneo" mensaje de apoyo para las redes sociales, aunque de momento con un escaso resultado, pese al "retuiteo disciplinario" de la propia Sgae, cuyo departamento de comunicación parece dedicado en exclusiva a promocionar a la presidenta y cantar sus loas, confundiendo, eso sí, una asamblea con unas elecciones.


Pero de lo verdaderamente importante, nada de nada.


Por ejemplo:

- ¿Vamos a defender nuestra independencia frente al acoso de un intervencionismo ministerial estimulado (y desinformado) por quienes aspiran a controlar Sgae en beneficio de intereses que todos conocemos? (y no hablo sólo del recurso contencioso-administrativo ya en curso que se decidió la anterior legislatura, sino de una actitud activa, libre de complejos, rigurosa en el cumplimiento de la legislación, sí, pero por todas las partes).

Resulta casi cómico que la presión asfixiante y la constante descalificación que se hace a la Sgae por el incumplimiento del plazo para adaptar sus estatutos a la nueva legislación venga, no sólo de una administración que se retrasó dos años en hacer lo propio, sino que es una veterana incumplidora de plazos dentro de la U.E.

Pero ya se sabe, en casa del herrero...


- ¿Vamos a defender nuestra autonomía frente a la intromisión de una CISAC que parece haberse convertido en la defensora de los intereses de la ICMP y de la supremacía de los repertorios multinacionales?

Aceptar como dogma sus "17 exigencias" (¿alguien las ha leído?) supone, no sólo admitir una injerencia intolerable en asuntos internos de la entidad y en la capacidad de sus socios para decidir sus criterios de gobernanza, sino, además, asumir directamente carencias inexistentes en nuestra administración e imposiciones que no cumplen la gran mayoría de asociados, incluidos muchos de los firmantes de nuestra "sentencia de muerte internacional temporal".

Todos los socios de Sgae deberían tener la oportunidad de conocer estas 17 exigencias de CISAC y compararlas con las que la ICMP hizo en su denuncia contra Sgae.

También con las que defiende el ministerio, siempre atento a la sensibilidad multinacional y al que no parece perturbarle lo más mínimo el hecho de que el ratio de nuestro repertorio en el Reino Unido, por poner un ejemplo, respecto del suyo en nuestro país, sea de 10 a uno, a su favor. Dicho en términos sencillos de entender, hasta por nuestros políticos, tan ajenos habitualmente a nuestra realidad y más atentos, en general, a la de la industria y la "opinión publicada": por cada euro que nos paga la PRS británica por el uso de nuestro repertorio musical en su territorio, le pagamos nosotros 10 por el uso del suyo aquí.

Esa y no otra es la realidad, y esa "balanza de pagos" es la que defiende con tanto fervor la CISAC, con la inestimable colaboración de nuestro Ministerio de Cultura (y que nadie confunda esta crítica con una defensa de las madrugadas televisivas - y menos de cualquier irregularidad que pudieran conllevar - que, ni creo que sean la solución a la indefensión de los repertorios locales, ni que sea ese su objeto por parte de las cadenas de televisión).


Pero no sólo el ministerio.

Tampoco ese desequilibrio comercial, ni la situación de oligopolio que impera en el sector de los contenidos, parece preocupar lo más mínimo a una CNMC más concernida por el supuesto peligro del "asociacionismo autoral" en la defensa colectiva de sus derechos, que por el de la sintonía de los usuarios, que claman por nuestras "abusivas" tarifas y encuentran en este organismo un paño de lágrimas de lo más proclive a complacerlos.


Y ya entrados en el tema...


- ¿Vamos a defender nuestras tarifas, nuestro colectivismo y nuestros principios, en los ámbitos que sean necesarios, frente al ataque de una CNMC que parece trabajar al servicio de los intereses de los usuarios? (dando pie con su doctrina antiautoral, entre otras cosas, a confusiones y picarescas como la del ayuntamiento de Villagarcía, que intenta justificar su morosidad durante cinco años mediante una particular interpretación del derecho de autor, que asimila al caché del artista. https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/06/08/o-salnes-cuestiona-sgae-cobrarles/2119976.html).


La persistente morosidad pública municipal y su apología constante del impago del derecho de autor también es cuestión destacable que a nadie parece preocupar (e inédita en otros países de nuestro entorno).



Pero ya lo saben, somos un monopolio lleno de corrupción, con tarifas abusivas, que hostigamos a peluquerías, pequeños comercios, bares y festejos populares. Nuestra codicia no tiene límites y somos un cáncer para el desarrollo de una cultura libre y accesible para todos. Malversamos dinero público, todo ello al servicio de "organizaciones criminales".

Eso es algo que sabe ya todo el mundo. Y no sólo porque se dice todos los días en los medios y en los foros políticos y sociales, sino porque nosotros mismos lo hemos asumido y transmitido con ingenua bonhomía, no exenta de cierto oportunismo en algunos casos.


Si hay una palabra que ha hecho daño a la Sgae y a la gestión colectiva en este país es la tan manida "Refundación", que nos persigue desde 2012 y que emerge cada vez que quieren que descendamos un peldaño más en nuestra posición en defensa del derecho de autor, siempre en beneficio de quienes quieren hacer de él un lucrativo negocio a nuestra costa.


Sgae está perfectamente fundada y sus objetivos siguen tan vigentes como en 1.899, sino más. No necesitamos más "Refundadores".


Lo que necesita Sgae no es una "Refundación", término perfectamente elegido para consolidar nuestra autoinculpación, favoreciendo así, con nuestra propia complicidad, la implantación de un relato muy conveniente para algunos.


Lo que Sgae necesita es, simplemente, una "buena gestión".


Y eso es algo que, ocurra lo que ocurra en la asamblea del día 24, parece difícil esperar de un equipo como el actual, con su presidenta a la cabeza.




José Miguel Fernández Sastrón

(9 de junio de 2019)