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Pilar Jurado (y sus "palmeros") apuestan por el "éxodo" social

Actualizado: 30 de jul de 2019

“Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un demócrata: si el demócrata no tiene oposición, su deber es crearla, mientras que el sueño del dictador es eliminar toda oposición.”

(Oscar Arias)

Que Pilar Jurado ha roto moldes es algo comprobado. Ella misma presume de ello, cuando dice que ha conseguido logros inéditos que no se habían producido en toda la Historia centenaria de Sgae. Es, eso sí, algo injusta con su Junta Directiva, sin la que nada de ello hubiera sido posible, pero una mayoría de esta sigue apoyándola dócilmente con humilde resignación (y en algún caso hasta con bucólica entrega).

Otra cosa es que sus insólitas iniciativas puedan calificarse de logros, al menos desde el punto de vista de la ortodoxia en la gestión de una entidad y de la viabilidad de su futuro, ya que la mayoría de sus innovadores caprichos han hecho, más bien, las delicias de quienes esperan el definitivo derrumbe de la Sgae (y con ella de la gestión colectiva) que, insospechadamente, todavía preside.


La última innovación presidencial (con la necesaria complicidad de una Junta Directiva que también hará historia) ha sido la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 3 de octubre, "en la que someterá a votación de los socios una nueva propuesta de Estatutos de la sociedad, necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor desde el pasado mes de marzo", según leemos en Europa Press, desde donde se nos informa también de que "la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ya está trabajando con el Grupo de Trabajo de Estatutos y Reglamento, para definir la redacción de la normativa estatutaria que genere los mayores consensos internos, a la vez que permita adoptar los "más exigentes estándares de transparencia y supervisión".


Estará trabajando, no lo dudamos, pero, a día de hoy, con la asamblea ya convocada, estamos ante un acto de fe de los miembros de una Junta Directiva que ha convocado a los socios de Sgae el próximo mes de octubre sin conocer, ni haber aprobado, el texto estatutario que someterán a su consideración.

Gol de la presidenta, sin duda, a un equipo bastante crédulo e ingenuo, que parece contentarse con el maná de las dietas, sin esforzarse mucho en representar con un mínimo de rigor y dignidad a quienes se las pagan.

Ya quedó meridianamente claro que la presidenta tiene un problema de "interpretación" respecto de los mensajes que recibe, cuando, tras su reunión con la cúpula de CISAC, tuvo el director general de la misma, señor Oron Gadi, que desautorizar su entusiasta versión a los medios sobre un consenso inexistente, en lugar de trasladar el mensaje real y específico recibido, que la conminaba (como única solución posible) a una urgente convocatoria de elecciones. Tampoco parece que Pilar Jurado entendiese muy bien el mensaje de una gran parte de los socios en la pasada Asamblea.


Lo que resulta evidente es que, ni Pilar Jurado, ni su Junta Directiva, quieren dejar el sillón y para ello nos obsequian con una iniciativa insólita, por calificarla de una manera suave, que, no sólo evidenciaría, en principio, la ignorancia presidencial y una inaceptable burla a la normativa interna y a la práctica consuetudinaria, sino también la laxitud de unos directivos (al menos una mayoría suficiente de ellos) que ceden sumisamente a su propia descalificación institucional. Y no sólo a ellos pone en evidencia, sino también a quienes, desde la Administración de la entidad, deberían asesorarlos desde el buen juicio y el elemental sentido común y respeto a los socios.


Y desde luego, no parece tampoco el mejor debut para el nuevo Secretario General.


El Artículo 64º, en su apartado 1, letra ñ) es claro cuando establece, entre las competencias de la Junta Directiva, la de:

"Proponer a la Asamblea General cualquier modificación de los presentes Estatutos".


¿Es mucho pedir a los señores junteros que, antes de convocar a los socios para someterles una reforma estatutaria, hayan conocido su contenido y aprobado éste, tras el oportuno debate en su seno, con una mayoría suficiente?

(y no nos vengan con que lo harán antes de la asamblea, que no es argumento aceptable para esta renuncia al rigor más elemental).


Para Pilar Jurado, por lo visto, eso es algo superfluo y su leal junta así lo ha aceptado, renunciando a su competencia institucional, sometiendo su criterio futuro, o bien a la complacencia obligada, o al riesgo de un ridículo espantoso (uno más, por otra parte). Porque esta junta de crédulos dietistas tendrá que aprobar el texto que se les presente, les guste o no, o se verá conducida al bochorno de la desconvocatoria de una asamblea que quedaría sin contenido. Un nuevo "cheque en blanco" a una presidencia que los despilfarra con entusiasmo de "nuevo rico" (el anterior se lo dio el consejo de dirección, dejando a su criterio la remuneración y condiciones de sus contrataciones caprichosas, y, en algún caso, efímeras, como el de su recién cesado director de gabinete, cuya indemnización, producto de un "blindaje" que los consejeros renunciaron a conocer, es un misterio a día de hoy para los socios, que son los que pagan).


Pero, al margen de este disparate institucional y esta aparente jugada de "Ruleta rusa" (en cabeza ajena, eso sí) por parte de la presidenta, nada parece hacer previsible que la Asamblea vaya a cambiar su criterio, que fue, no tanto el de rechazar una reforma estatutaria obligada, como el de mostrar con ello su rechazo a la presidenta y a la junta directiva que la presentaba, lo que sugiere que esta "patada hacia adelante" presidencial no sería sino para ganar tiempo, aunque sea a costa de un nuevo despilfarro social.


¿O nos habremos perdido algo?


No veo a la presidenta muy versada en cuestiones institucionales y normativas, la verdad, pero sí pudiera haber sido asesorada por un agradecido beneficiario de su política, más sinuoso en sus reflexiones y siempre dispuesto a ser la mano que mece la cuna.

Y es que esta innovadora propuesta presidencial podría estar motivada por algún aspecto que nos pasase desapercibido y que la presidenta, una vez advertida, considerase oportuno y esperanzador de cara a su pretensión de supervivencia en el cargo...


¿Por qué esas prisas en convocar una asamblea de manera tan inusual y sin atender a las debidas formas?


- Quizás alguien haya llamado la atención a la presidenta sobre el artículo 27 de los estatutos, que dice:


"Artículo 27º.- Baja

1.-  Todo socio puede pedir la baja en la Sociedad en cualquier momento.

2.-  No obstante dicha baja, la Sociedad continuará en la gestión de los derechos de autor que le hubiere confiado el cesante conforme a lo estipulado en el contrato de gestión y, si este fuere denunciado de acuerdo con lo que se dispone en los ordinales 5º y 6º del artículo 14 de los presentes Estatutos, hasta el 31 de diciembre del año en que tenga efecto tal denuncia.

Durante dicho período, el cesante quedará incorporado a la Sociedad como miembro no estatutario o no socio bajo las condiciones establecidas en su contrato de gestión y con los derechos y obligaciones que resulten de dicho contrato".


-Quizás haya recordado que, a día de hoy, son muchos los socios relevantes, empezando por las editoras multinacionales, que han solicitado la baja en Sgae, que se haría efectiva el 31 de diciembre.


- Tal vez haya interpretado que, en octubre, aunque la baja de tantos socios (y tantos votos, que son en gran medida contrarios a sus propuestas y a su gestión) no sea aún efectiva, la consideración de estos como "miembros no estatutario o no socios", en virtud de la solicitud de baja, los privaría de el derecho a votar en la asamblea del 3 de octubre, quitándose esa molesta oposición de un plumazo.


Independientemente de la realidad de esta estrategia y de su dudoso rigor y expectativas de éxito, lo que nos sí nos deja es una triste sospecha:


Pilar Jurado y su junta siguen en su empeño de ignorar la realidad, desoír a la CISAC y al Ministerio, y continuar con su particular hoja de ruta hacia ninguna parte. Y aunque saben bien que sólo una convocatoria inmediata de elecciones evitaría la oposición a la preceptiva reforma estatutaria (que se ciñese a lo estrictamente obligado por el nuevo TRLPI), permitiendo, además de cumplir la legislación vigente, iniciar una nueva legislatura sin las irregularidades que han caracterizado a la actual y una vía de consenso que alejase del calendario la diáspora provocada por su gestión, han preferido apostar por el "éxodo" social como garantía de supervivencia.


De supervivencia propia, se entiende, ya que la presidenta no ignora que, con sólo 744 votos, fue la menos votada del colegio de Gran Derecho en las pasadas elecciones y, con gran diferencia, también la última en votos totales de todos los autores de la Junta Directiva actual, lo que hace poco previsible su reelección como juntera y, desde luego, irrepetible la carambola que la llevó a la presidencia.


Pilar Jurado y sus acólitos prefieren, tal vez, que no haya oposición, que se produzca el éxodo anunciado y así reinar en su refugio desolado de Longoria, aunque sea rodeada de telarañas y sin nada que administrar.


Porque es obvio para todos los demás, al menos fuera de La Corte, que solo la convocatoria de unas elecciones que normalicen la política y la credibilidad institucional de la entidad puede evitar su desplome, aunque quizás la megalomanía de la presidenta y la irresponsabilidad de sus "palmeros" la animen a elegir pasar a la Historia, aunque sea en las páginas necrológicas.



José Miguel Fernández Sastrón

(27 de julio de 2019)