Buscar
  • asesorautor

Será por dinero...

Actualizado: 21 de nov de 2019

Cuando estés negociando, busca quién es el tonto en el trato. Si no encuentras uno, es porque el tonto vas a ser tú.

(Mark Cuban)


Dejando aparte la lírica, los buenos deseos (que, en realidad, solo apuntan a aspiraciones personales), la "épica pilarista" y otras consideraciones propias del acomodado régimen "amateur" que impera en la actual Sgae, la función de una entidad de gestión como la nuestra es, o debería ser al menos, recaudar y repartir de una forma rigurosa, eficiente y eficaz los "réditos" generados por la utilización, por parte de los usuarios, de las obras sujetas a derechos de autor de sus asociados y representados.

Esto, que es obvio, no parece serlo tanto para quienes ejercen la tutela de la entidad a día de hoy, ya sea por ignorancia, por una dudosa estrategia política, o, simplemente, porque están ocupados en asuntos de mayor calado, como son todos aquellos ligados a la política institucional, las "purgas", los nombramientos afines, y la conservación de sus cargos, que difícilmente mantendrían sin tan esmerada dedicación y la escasa información de que los socios disponemos (escasa en calidad, que no en cantidad, ya que la "apología" habitual de la presidenta y su agencia externa de "autobombo", que le pagamos los socios, no merecen entrar en esa categoría y, desde luego, no suplen esa asamblea dos veces cancelada que no parecen tener prisa en convocar). El ejercicio de esa tarea requiere de algo más que esos comunicados presidenciales, que difícilmente eclipsarán la realidad inquietante de la situación y de nuestras finanzas, producida, en gran medida, por las acciones y omisiones de una gestión que parece empeñada en hacer lo que no debe y omitir, en cambio, lo que sí debería acometer, comprobando, siempre con retraso, las consecuencias de su negligencia o su incompetencia y vendiéndonos después una realidad paralela que caerá por su propio peso en próximas liquidaciones.


- Anunciaba a "bombo y platillo" Pilar Jurado la decisión de demandar a las televisiones por su impago prolongado, como si de una gran gesta se tratase. Lo que no decía es que ese impago venía produciéndose durante todo 2019, sin que se tomase medida alguna, con una presidenta que decía tenerlo todo arreglado merced a su capacidad de negociación con los altos responsables de los usuarios (que han debido reírse un rato a su costa, seguramente, y también a la nuestra, de paso) y sin que se produjesen reclamaciones oficiales hasta ahora. De hecho, seguramente, si se hubieran hecho las cosas como es debido, hace tiempo que se hubiera regularizado la cuestión sin necesidad de estos alardes extemporáneos de cara a la galería.

Solo cuando se dio cuenta de que el reparto de diciembre iba a ser un desastre, anunció las demandas, no tanto, probablemente, para solucionar dicho reparto, cosa complicada a esas alturas, como para dotarse de una "coartada" y reforzar su papel de "comendadora de los creyentes", en lucha permanente para conseguir la justa remuneración de los socios, que de tan "justa" amenaza con convertirse en un simbólico aguinaldo navideño, de seguir por el mismo camino.

Debió, en todo caso, nuestra afanosa presidenta ocuparse del asunto mucho antes, con tiempo para que se pudiera asegurar la entrada en reparto de las cantidades recuperadas.

Como consecuencia de la amenaza, parece ser, o al menos con posterioridad a la misma, A3 MEDIA procedió a un pago a cuenta (una cantidad menor a la que debe, según nuestras tarifas y el acuerdo en vigor, pero no desdeñable dadas las circunstancias) que difícilmente entraría en el próximo reparto si no fuera gracias al ímprobo esfuerzo de los trabajadores de la casa, que, una vez más, salvarán con su eficiencia la incompetencia política de nuestros representantes electos y de su cabeza pensante.

El comunicado consiguiente, menciona y agradece, y eso es una novedosa premisa digna de elogio, todo sea dicho, al departamento de operaciones por su esfuerzo (mención que debería extender también a otros), pero omite que ese esfuerzo es requerido, precisamente, porque ni la presidenta ni sus adláteres lo hicieron para asegurar un pago en plazo, o, al menos, a tiempo de ser incluido sin agobios ni premuras (ni el sobrecoste en horas extraordinarias que, sin duda, va a exigir).

La pregunta, en todo caso sería: dado que el anuncio de la demanda parece haber sido tan efectivo (al menos en parte y para una de las cadenas)...


¿Por qué no se hizo antes?


Por otra parte, sería bueno recordar a nuestros gestores que el acuerdo logrado en la pasada legislatura, que permitió, entre otras cosas, una recaudación de más de 300 millones de euros (319, concretamente), vence el próximo 31 de diciembre, lo que significa que, a este paso, no solo seguiremos sin cobrar en 2020, sino que ni siquiera tendremos un acuerdo vigente con las cadenas de televisión, y solo porque en Longoria no han hecho los deberes.


- Nada nos cuenta, sin embargo, de otro embrollo tarifario, en el que, de nuevo, cuesta poco identificar al "tonto" de Mark Cuban.

Hablamos de las emisoras de radio, cuya tarifa, parece ser, ha menguado como por arte de magia merced a la "providencia pilariana", que ha convertido, no el agua en vino (aunque a veces lo pareciera), pero sí unas bonificaciones puntuales (y como tales sujetas a determinadas coyunturas) en base tarifaria, disminuyendo la tarifa anterior en esa proporción, pero ya con carácter definitivo de cara al futuro y que una vez consolidadas permitirán (se aceptan apuestas) nuevas bonificaciones y, además, por los mismos conceptos.

Y eso que sepamos...

Poco se ha dicho de este "manejo". Ni siquiera nos consta que se haya informado de ello al consejo, ni que éste lo haya autorizado. Harían bien los consejeros en pedir cuentas, ya que la responsabilidad inherente a sus cargos no se mitiga con un "yo no sabía nada, Señoría", pues su obligación es saber (o dimitir y denunciarlo, si se les niega información, algo que no parece del todo insólito en esta etapa). En una discusión en redes sociales, el señor Onetti, vicepresidente de Sgae por el Colegio Audiovisual, se indignaba con su interlocutor @infoautorsgae, que mencionaba precisamente esta cuestión radiofónica, al que acusaba de mentir por asegurar que la junta directiva había aprobado esta rebaja tarifaria. Lo cierto es que el señor Onetti negó todo menos el hecho de la rebaja en sí misma, lo que me hizo intervenir para aclararle que lo realmente importante es sí se ha producido, o no, dicha rebaja (en caso afirmativo, su aireada negativa a que existiese tal aprobación colegiada no sería sino un agravante confeso), algo que parece un hecho consumado.


En resumen, mucho me temo, de confirmarse este despropósito (del que ya se ha vanagloriado públicamente algún directivo radiofónico, por cierto), las radios pagarán bastante menos y bien harían los consejeros en exigir la oportuna información al respecto y ejercer sus competencias en la materia (si no lo hacen por el bien de Sgae y sus socios, algo que a estas alturas pocos esperan, que consideren al menos el montante del riesgo que contraerían y el exiguo seguro que a día de hoy cubre su posible responsabilidad civil).


Y seguimos restando...


- Para concluir por hoy, nos causa mayor desasosiego, si cabe (no me atrevo a decir que sorpresa, porque es difícil ya sorprenderse con las decisiones de esta Sgae "pilariana"), otra desafortunada decisión de última hora por parte de la entidad, o de alguien dentro de ella, pero que habría impuesto su criterio al respecto, una vez más, al margen de los órganos de gobierno, según nos comentan.


Hablamos de un antiguo pleito, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, contra SONY MOBILE COMUNICATIONS IBERIA S.L.U, en el que las entidades AIE, AGEDI y Sgae reclamaban 7,2 Millones de euros a esa compañía en concepto de compensación por copia privada (periodo 2009/2011), sobre el cual ya hubo una sentencia favorable, pero que la posterior apelación por parte de SONY en la Audiencia Provincial Civil de Madrid, cuyo fallo acabamos de conocer, revoca parcialmente, reduciendo drásticamente, en favor de la apelante, la cantidad que esta deberá abonar a las demandantes (AIE, AGEDI y Sgae).

El perjuicio es muy considerable, dejando en menos de un millón de euros los 7,2 millones que se solicitaban.

Sin entrar en áridos argumentos jurídicos, como socio de Sgae, esperaría que mi entidad apurase hasta la última instancia posible en la defensa de mis derechos (algo que ha sido habitual históricamente y que ha permitido la consolidación de muchos de los derechos que hoy damos por irrenunciables, cuando más de uno los daba por perdidos) y eso hubiera pensado que ocurriría y que sería el criterio del actual consejo de dirección.

Y menciono al consejo porque es el órgano competente para tomar una decisión al respecto, en el caso de que fuera necesaria. Y digo necesaria porque el consejo de dirección ya se pronunció, en su reunión del 27 de febrero de 2014, en el punto número 5 (y lo sé bien porque yo era consejero en ese momento) respecto de esta cuestión, encomendando al despacho que representaba ya a AIE y AGEDI el ejercicio de todas las acciones pertinentes contra SONY ERICSSON en dicha reclamación. Por ello, en el caso de decidir no continuar hasta la última instancia, debería ser el consejo quien tomase y respondiese de esa decisión (a mi juicio desacertada, en su caso).

Mi información, sin embargo, es que Sgae habría decidido no recurrir en última instancia, renunciando a la casación en el Tribunal Supremo y aceptando, por lo tanto el fatal veredicto, en perjuicio de las expectativas de sus socios.

Una decisión desafortunada que, además, no me consta que se haya sometido al consejo (más bien todo lo contrario), lo que añade un ingrediente inquietante al desafuero y una responsabilidad más a unos consejeros bastante tibios en el ejercicio de sus funciones.


Es desacertado porque, no solo es obligación de la entidad defender a sus socios hasta las últimas consecuencias, sino que se debilita con ello la posición de nuestros compañeros de viaje, AIE y AGEDI (a las que no tiembla el pulso en la defensa de sus socios y recurrirán, como es lógico y cabal), en perjuicio de una posible resolución final favorable o, incluso, una probable negociación con SONY de cara a conseguir un acuerdo más ventajoso que el que impone el reciente fallo judicial (nunca mejor dicho), desde la fortaleza que infiere el continuar en la partida.

Y si bien es apreciable la opinión de nuestros SSJJ, bien haría el consejo en solicitar la mayor información al respecto, exigir ser consultado y ejercer su competencia y pedir una reunión urgente (tantas reuniones gratuitas bien justificarían una que sí es imprescindible, pues el plazo para recurrir es breve) a la que deberían convocar al letrado que se viene ocupando del tema y que podrá, sin duda, aclararles todas las cuestiones que precisen desde el conocimiento del fondo del asunto (de hecho, si me lo permiten, sería difícilmente explicable, bastante inconcebible y hasta arriesgado tomar cualquier decisión sin conocer y tener ocasión de valorar su opinión).


Lo hagan o no, serán responsables de la decisión que finalmente se adopte, incluso si no fueran consultados.


Aunque, visto lo visto, no sé si es predicar en el desierto.

Después de todo, para qué complicarse la vida por unos "milloncitos" de nada.


Será por dinero...


José Miguel Fernández Sastrón

(20 de noviembre de 2019)




P.D

La actualidad de Sgae no permite paréntesis.


A día de ayer hemos recibido un comunicado de presidencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo que afecta al reparto de 2015.

Son muchos los socios que ya se han dirigido a nosotros en torno a este asunto y sus derivadas.


La complejidad de la cuestión y de sus posibles consecuencias aconseja tratarlo en una próxima entrada que, espero, poder publicar en breve.