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  • asesorautor

Si intervienen Sgae, no dejarás de cobrar tus derechos


Muy mala conciencia debe tener un gestor para recurrir a amenazas y falsedades en un intento de salvar los muebles y conservar el poder.


¿O estamos, tal vez, ante una suplantación de personalidad?


¿Quiénes y desde qué autoridad están llamando a los socios de la entidad para pedirles un voto afirmativo en la próxima asamblea (so pena de arriesgarse a una intervención que los dejaría sin cobrar durante años), ofreciéndose a ir a recogerlo a domicilio?

Son varios los socios que se han puesto en contacto con nosotros para comentarnos estas llamadas (y su contenido), muy preocupados por esta cuestión. La idea de no cobrar sus derechos hace que no les quede otra opción que el refrendo a una gestión que no comparten, o unos estatutos que no les gustan, pero que les dicen que es la única posibilidad de supervivencia.


¡O yo, o el caos!


Esa vieja máxima es propia de quienes saben que sólo el temor podría librarlos de una merecida censura, producto de una gestión personalista, algo frívola, y en general muy deficiente.


Y es, también, una irregularidad inadmisible.


Pero volvamos a lo esencial. Que desde Sgae se invite a la participación de los socios es algo razonable y perfectamente aceptable. Pero que se intente dirigir el sentido del voto, introduciendo, además, una falsedad con el ánimo de crear el temor de una posible interrupción del cobro de los derechos en el caso de no aprobarse las propuestas oficiales, es ya otra cosa y, desde luego, bastante censurable, por no emplear otro calificativo.

En primer lugar, la solicitud de intervención ya está hecha, pero depende de la resolución del contencioso-administrativo que se interpuso en la pasada legislatura y no de lo que voten los socios en la asamblea.

Por otra parte, la necesidad de regularizar los estatutos no implica la obligación de votar unos malos estatutos y, en todo caso, habría que hacer una propuesta distinta.

Pero, al margen de que no parece probable, de producirse dicha intervención, esta sólo supondría el cese de la actual Junta Directiva y la convocatoria de unas nuevas elecciones, sin que ello alterase en ninguna medida el cobro de sus derechos por parte de los socios. Decir lo contrario es mentir deliberadamente con el único propósito de manipular la voluntad social.


La llamada, según nos comentan algunos socios que la han recibido, la hace una mujer que se identifica como "María, de la sociedad de autores", desde un teléfono de centralita (630306326....).

Yo mismo he podido comprobarlo, ya que he llamado a dicho número y me ha respondido la propia "María, de la sociedad de autores", tal y como se ha identificado. Le he dicho que tenía una llamada de ese número, lo que le ha parecido normal, y me ha comentado que el objeto de su llamada eran las votaciones de la próxima asamblea, pidiéndome que me identificara yo, a lo que le he respondido que, siendo esa la cuestión, no estaba interesado.


Lo que está claro es:


- Que el que una persona llama a los socios para dirigir su voto es, pues, un hecho confirmado.


- Que esa persona, además, falsea la realidad para conseguir los apoyos que busca, lo es también.


Que lo haga, o no, desde la Sgae es algo que deberían averiguar los responsables de la entidad, tomando las medidas oportunas para evitar, si fuera el caso, un supuesto de usurpación de identidad y de utilización no autorizada de datos personales de los socios de la entidad.


- ¿Quién es "María, de la sociedad de autores"?

- ¿Es una empleada de la entidad?

- ¿Quién le ha encomendado esta irregular tarea?

- De no ser empleada de Sgae, ¿Quién le ha dado, en todo caso, los datos necesarios para comunicarse con los socios de Sgae?


No es un tema menor, pues podríamos estar hablando de actuaciones que podrían suponer responsabilidades graves y que la entidad está obligada a aclarar y tomar, en su caso, las medidas que procedan.

Así lo he exigido en un correo enviado a la Secretaría General, con copia a presidencia y dirección general, quedando a la espera de una respuesta por su parte.


La presidenta debe aclarar que no es una actuación oficial (ya que, de serlo debería presentar su dimisión sin demora), e instar las investigaciones oportunas para, en su caso, identificar a la presunta "usurpadora" y, desde luego, desmentir oficialmente que, cualquiera que sea el sentido del voto decidido por los socios, exista riesgo alguno para el normal cobro de sus derechos, algo mucho más importante y urgente que informarnos sobre el color de su lápiz de labios.



José Miguel Fernández Sastrón

(17 de junio de 2019)