• asesorautor

Una cuestión de dignidad...

"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón".

(Francisco de Quevedo)


Seguramente, esto que van a leer no se habrá comunicado a los socios de Sgae por parte de su presidente, el señor Onetti, o cualquier otro representante de la entidad. Y no será porque no se trate de una cuestión de la mayor relevancia y gravedad, desde luego, sino, más bien, porque contradice el discurso oficial y abre la puerta a serios indicios delictivos en la gestión de la sociedad, por parte de personas concretas, corroborando lo que un miembro de la Junta Directiva denunció ante la Asamblea General el pasado 29 de junio, frente al silencio de sus compañeros, que votaron poco después mayoritariamente su expulsión del Consejo de Dirección a raíz de este episodio (argumentando una deslealtad por parte del consejero "delator", olvidando, tal vez, que, por encima de la que pueda deber a sus colegas de junta, está la que le obliga, a él y a todos, respecto de los socios de la entidad y que el señor Salinas asumió con gallardía).

Esto de "matar al mensajero" es una práctica habitual en esta legislatura, en la que ya se cesó al Director Financiero, señor Soria, y al Secretario General, señor Ezpondaburu, tras denunciar también supuestas irregularidades y prácticas presuntamente delictivas (ver https://www.asesorautor.com/post/una-asamblea-apocal%C3%ADptica)


Lo que vino a denunciar el señor Salinas fueron unas prácticas irregulares por parte de un empleado de la casa, el señor García Pelayo, que habría cobrado a los candidatos un peaje para ser incluidos en la lista que, aseguraba, sería la ganadora (como así fue, por cierto). Además, el señor García Pelayo habría cobrado otras cantidades a la propia Sgae (a través, según nos dicen, de facturas a diversos proveedores ficticios y que han sido aportadas a la investigación). Independientemente de los medios por los cuales garantizase dicho éxito electoral, lo que no me corresponde a mí dilucidar, el hecho de que un empleado de la Sgae participe activamente en la promoción de determinados candidatos en los procesos electorales es razón ya más que suficiente para que fuera cesado de inmediato, pero no es esto lo que decidieron el señor Onetti y sus partidarios (que optaron, de nuevo, por defenestrar al denunciante, en lugar de exigir responsabilidades al denunciado).


Imagen del video publicado por el diario ABC

A la denuncia del señor Salinas en la Asamblea respondió inmediatamente el señor Onetti (que pidió que constase en acta que el Colegio Audiovisual –por el que se presentó– nunca ha pagado nada para formar parte de una candidatura, lo que no parece tan claro, según nuestras fuentes, que nos hablan de un chat colectivo de la candidatura de Pequeño Derecho de 2020 (que circula ya por los mentideros y son muchos los socios que se hacen eco de ello) en el que el señor Solana los incluye como "Partners" que se sumarán a las aportaciones que se solicitan a los candidatos.

Posteriormente, contestaron, con gran indignación, el señor Fermín Cabal, de Gran Derecho (que también negó la mayor respecto del suyo), y el señor Sabino Méndez, Vicepresidente de Pequeño Derecho. Méndez negó rotundamente que los candidatos de su Colegio hubieran pagado dinero alguno en las elecciones de 2020, algo que contrasta con los mencionados WhatsApps, que, según parece, dejan muy claro que sí hubo este movimiento de dinero, así como el procedimiento a seguir para hacer dichos pagos, e incluso la confirmación de las transferencias por parte de los candidatos de Pequeño Derecho (no sé si todos, pero sí de una gran mayoría de los mismos, según nos hacen llegar, aunque sólo uno levantó la mano en la asamblea).

Sabino Méndez (un vicepresidente desmemoriado)

Sabino Méndez argumentaba, además, que esas prácticas (se refería a lo de pagar 800€ al Señor García Pelayo) que dice el señor Salinas que se produjeron en las elecciones de 2018 no han existido en las de 2020 y defendió que no le consta pago alguno de ningún compañero. Es cierto, sí, que en 2020 el "escaño" cotizó más bajo (sólo 250€, según parece) y que el "recolectador", entonces, fue el señor Solana (tal y como él mismo nos dicen que se calificaba en dicho chat). Otra cosa, y esto lo determinará el juez, es para quién recaudara el dinero en cuestión y cuál fuera la actividad que financiara.

Tal vez Sabino haya olvidado el mensaje del señor Solana (actual presidente de la Fundación Sgae) en el chat colectivo de su candidatura, que decía muy explícitamente que debían enviar el dinero a una cuenta a su nombre, bajo el concepto "Regalo Presidente", o algo así.

J.José Solana (el "Recolectador", según se definía)

Y digo que tal vez lo haya olvidado porque, desde luego, nos aseguran que lo leyó y respondió al mismo, preguntando incluso por el detalle de la empresa destinataria de los fondos, que se haría cargo de gestionar la campaña electoral de esta candidatura, a lo que el señor Solana le habría respondido que era la misma que ya habían utilizado anteriormente para gestionar las Asambleas, al parecer muy satisfactoriamente, lo que estaba previsto que siguieran haciendo. Llegó, además, a dar el nombre de una tal Mónica, que había trabajado en Sgae y es, decía, experta en comunicación.



El propio Sabino, nos aseguran, se interesaba de nuevo más adelante por el asunto de los pagos (esos que, dice, no le constan), en otro mensaje a sus compañeros de candidatura.


Lo cierto es que el "histórico" del chat colectivo de la candidatura del señor Sabino Méndez y compañía (que ocupó finalmente 14 de los 16 asientos de Pequeño Derecho en 2020), que entiendo debe ser puesto a disposición judicial pues parece un documento muy revelador, permitiría, según nos comentan, comprobar que, no sólo se exigía un pago a los candidatos (que no digo que sea necesariamente algo punible, pero que estos negaron sin rubor alguno, tanto en la asamblea como en el comunicado posterior), sino, también, que muchos habrían confirmado la transferencia de ese "Regalo Presidente" a la cuenta del señor Solana (aunque sólo el señor Fernández Galvez levantara la mano en la asamblea).


Nos consta, eso sí, que el archivo integro de ese chat colectivo está protocolizado (para garantizar su autenticidad) y es de suponer, insisto, que será aportado a la causa, si no lo hubiera sido ya, por lo que sería el juez quien, a la vista de su contenido, podría llegar a las conclusiones que procedan.


COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA



Al día siguiente de la Asamblea, la Junta Directiva de la Sgae lanzó un comunicado indignado (que firmaron 32 de sus 39 miembros) en el diario que se había hecho eco del asunto, negando la mayor y en defensa del señor García Pelayo. En él, además, los Colegios de Gran Derecho y de Audiovisual mostraban su solidaridad con sus compañeros de Pequeño Derecho, a los que tan "injustamente" acusaba Salinas y, naturalmente, negaban que sus colectivos estuvieran, en todo caso, implicados en esos pagos (algo que, según parece, en el chat de la candidatura no quedaría tan claro, pues se haría expresa referencia a estos colegios como parte de la "financiación").


Poco después, sin embargo, fíjense que curioso, se le ha concedido al señor García Pelayo una excedencia (cuatro meses en el dique seco, hasta que pase la tormenta). Y eso, después de que, según nuestras fuentes, hubiera sido previamente despedido por el señor Restrepo.


¿Cómo puede concederse una excedencia a alguien a quien se ha cesado?


En esta Sgae, ya lo ven, todo es posible...


Pero, más curioso todavía es que la persona que habría aconsejado esta medida fue, según nos dicen, el señor Pablo Hernández, ex-director de los SSJJ de Sgae y también ex-Secretario General de la entidad, cesado hace algunos años ya por un presunto conflicto de intereses (aunque, eso sí, generosamente indemnizado merced a los oficios de sus "leales" en la Junta Directiva de entonces, varios de los cuales forman también parte de la actual). El señor Hernández nada tiene que ver hoy oficialmente con la entidad, pero algunas fuentes señalan que habría participado muy activamente en la elaboración de las listas de candidatos en las elecciones, además de ser un referente importante para algunos junteros actuales, caso por ejemplo del vicepresidente de Pequeño Derecho, señor Sabino Méndez quien, siempre según nuestras fuentes, le consulta cada decisión que toma en los órganos de gobierno y comisiones. Ello, naturalmente, no implica que estas fuentes, ni mucho menos yo mismo, pretendamos atribuir delito alguno al mencionado letrado, que podría perfectamente haber prestado su asesoramiento por razones de pura empatía, e incluso de manera altruista. Tampoco el hecho de que haya prestado habitualmente servicios jurídicos a miembros de la Junta Directiva puede vincularse necesariamente al hecho de que fueran estos precisamente los que con mayor ahínco defendieran su indemnización en el momento de su cese.


DENUNCIA POLICIAL


Pero estas y otras cuestiones se aclararán en el foro oportuno, no tengan duda. Porque, en realidad, este asunto de la denuncia del señor Salinas es sólo la punta del iceberg de otra denuncia, mucho más completa y documentada, interpuesta por el entonces Secretario General de la Sgae (hoy cesado), señor Eduardo Ezpondaburu, en la Comisaría de Policía de Chamberí (atestado 12955/21) el 26 de julio de 2021, en relación con la falsificación detectada de votos delegados en la Asamblea de 23 de junio de 2021 (y la posible extensión de este presunto fraude a convocatorias anteriores de enero, julio y noviembre de 2020 y en los comicios electorales de 22 de octubre del mismo año).


Lo cierto es que la denuncia policial interpuesta hace casi un año parecía dormir el sueño de los justos, sin que se tuviese noticia alguna de su recorrido. Ello, naturalmente, provocaba el desconcierto de los denunciantes y el optimismo envalentonado de los denunciados, convencidos de un archivo total (e inexplicable) del asunto sin más consecuencias.



QUERELLA CRIMINAL


Además de la mencionada denuncia policial, el señor Ezpondaburu presento una QUERELLA CRIMINAL por los delitos que expongo a continuación y contra las siguientes personas (tal y como aparecen en la querella):


A) Por presuntos delitos de organización criminal y usurpación de la personalidad civil, y falsificación. 1º.- D. IVAN GARCÍA-PELAYO ALVARADO, Director de Relaciones Institucionales de SGAE, quien ha instaurado una presunta red de falsificación de votos dentro de la SGAE, quizá durante años, o al menos desde 2019, para lo cual utilizaba al hijo de su antigua secretaria Dña. Mónica Morales de Setién, y sus amigos, a la hora de presentar las delegaciones de voto falsificadas en la SGAE, e utilizaba empresas interpuestas para facturar sus servicios. 2º.- D. JOAQUÍN OLTRA MARTÍNEZ, Director de Sistemas y quien facilitaba los archivos de socios con mayor número de votos a D. IVAN GARCÍA PELAYO y posiblemente quien facilitó el escaneado de las firmas de las fichas de socios necesario para las falsificaciones de junio de 2021. 3º.- D. JAIME TORROJA MORALES DE SETIEN, persona que entregó las delegaciones de voto falsificadas en la Asamblea de Julio de 2020, y facturó como empresa LOCOMUNICAS por unos servicios inexistentes que no fueran la presentación de dichas falsificaciones. 4º.- D. ADRIÁN RESTREPO RENDON, Director General de SGAE, quien llevó al Consejo de Dirección la necesidad de contar con la empresa de prestigio LOCOMUNICAS para la Asamblea, al objeto de que autorizaran su pago siendo además el máximo responsable ejecutivo y superior jerárquico de los Sres. Oltra y García-Pelayo. 5º.- DÑA. NURIA CÉSPEDES CAMPOS persona que entregó las 32 falsificaciones en la Asamblea de Junio de 2021, y una verdadera de D. IVAN GARCÍA PELAYO. 6º.-D. RAMÓN CRAQUIS FERNÁNDEZ, persona que acompañó a Dña. Nuria Céspedes a entregar las Delegaciones falsas, y entregó asimismo delegaciones falsas en la Asamblea de 30 de noviembre de 2020. 7º.- D. ANTONIO RUIZ ONETTI, Presidente de la SGAE, quien preguntó por la falta de votos delegados, lo cual no podía saber sin ser uno de los inductores.


B) De los delitos societarios: 1º.- D. ADRIÁN RESTREPO RENDON Y D.ANTONIO RUIZ ONETTI, quien por un lado han utilizado la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria, y por otro no han llevado al Consejo DE Dirección, Junta Directiva y Asamblea la política de descuentos para que fuera aprobada, y sin embargo se procede, sin norma que les habilite para ello, al descuento medio del 8,5% de los derechos de sus socios dinero que no es repartido y que se apropia indebidamente la entidad. Por último y en el último quienes han permitido y llevado conscientemente un reparto primando a los autores audiovisuales a los que se ha pagado el 100% de sus derechos dejando la deuda en el sector musical.


La Querella, naturalmente, se extiende en los argumentos que justificaban su denuncia, aportando al juzgado toda la documentación oportuna.


El señor Ezpondaburu exponía, entre otras cosas, "la sospecha de que las elecciones pueden haber sido manipuladas, ya que con los votos que se falsificaron en las Asambleas, podíamos intentar comprobar si los miembros que manifestaron no haber votado ni delegado su voto, habían votado, se solicitó dicha información al Departamento de Sistemas dirigido por el SR. OLTRA, quien no ha facilitado dato alguno a la Secretaría General, pese a que dicha documentación depende de dicha Secretaría".


Y añadía que "En efecto D. IVAN GARCÍA-PELAYO cobraba la cantidad aproximada individual de 800 euros por llevarle la campaña de promoción a las personas que se presentaban a los órganos de gobierno de la entidad, quien eran en la mayoría de los casos, salvo uno o dos, quienes salían elegidos".


Concluyendo que "De todo lo expuesto, se presume la existencia de una red organizada de falseamiento dirigida por D. IVAN GARCÍA PELAYO, que fue el que comprobó que faltaban votos de las delegaciones de voto falsificadas, y que utiliza a varios chicos, en la mayoría estudiantes, para llevar las delegaciones y presentarlas en la SGAE. Para ello presuntamente, cuenta con la ayuda del Director de Sistemas que le saca los archivos de los socios que tienen más votos, y los escaneos de las firmas de los mismos. Por otra parte, y para pagar el servicio o sacarse un dinero extra, pasa facturas de empresas interpuestas, todo ello presuntamente permitido por el Director General, a quien le interesa que lo que lleva a la Asamblea sea aprobado, con la aquiescencia de la Presidencia.


El contenido de la Querella es mucho más amplio, pero les ahorro los detalles (que afectan a presuntas irregularidades en el reparto, y otras cuestiones, todas ellas acompañadas de la documentación oportuna), pues entiendo que es competencia del juzgado el analizarla y determinar su recorrido judicial.


Es cierto que el 20 de abril de 2022 se dicto un Auto desestimando la querella del señor Ezpondaburu, y que la noticia, esta vez sí, claro, corrió como la espuma.


¡El juzgado ha desestimado la querella!


Pero lo que no nos dijeron era la razón de dicho desistimiento, que se debía a una causa formal perfectamente solucionable y que nada tenía que ver con el fondo de la cuestión. Porque lo que decía el auto judicial no era que no existiesen unos hechos calificables como delitos (que si contemplaba), sino, concretamente que:


"PRIMERO.- Toda vez que los hechos objeto de la presente querella son susceptibles de ser tipificados como delitos a los que hace referencia el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de conformidad con el contenido del artículo 779 del citado texto legal, procede registrar las presentes actuaciones como Diligencias Previas, a fin de resolver sobre la admisión o no a trámite de la acción penal ejercitada mediante querella, en la forma y con los requisitos establecidos en los artículos 312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".


Es decir, el auto reconoce la posibilidad de que existan los delitos denunciados, pero...


"SEGUNDO. En la presente querella, no se ha acreditado la condición de socio de la SGAE del querellante, y en consecuencia no se considera que el mismo, al no ser perjudicado por los delitos denunciados, pueda formular la querella como acusación particular, y no habiendo formulado la misma como acusación popular ofreciendo fianza tal y como dispone el artículo 280 de la Lecrim, no procede admitir la misma a trámite.


El problema era, simplemente, que el querellante no podía acreditar su condición de perjudicado por dichos delitos, al no ser socio de Sgae, lo que lo incapacitaba para formular la querella (y por lo tanto que estos hechos llegaran a investigarse judicialmente).


La euforia de los querellados era, por lo tanto, algo precipitada (no sé si por su propia ignorancia, o por estar mal asesorados), ya que el propio auto abría la posibilidad de corregir la situación.

Sólo era necesario que el señor Ezpondaburu pasase a la condición de acusación popular, aportando la fianza exigida.

Y, naturalmente, así lo hizo.


¿Ahora qué?


Pues, de momento, el fiscal ya se ha pronunciado a favor de la admisión de la querella, una vez tramitada en la forma oportuna.

En su escrito dice muy claramente que "entendemos que debe permitirse su personación (del querellante, Sr. Ezpondaburu) como acusador popular...", ya que, siempre según el escrito de la fiscalía que leemos en la prensa, "Se sostiene la presunta comisión de un delito de usurpación de estado civil y falsedad documental en relación con las delegaciones de voto presuntamente falsificadas y aportadas en dicha asamblea".

Que el Fiscal de "luz verde" a la tramitación de la querella no implica la directa admisión por parte del juez, por supuesto. Pero todo parece indicar que ésta podría producirse en los próximos días.


De momento, y por si les da alguna pista, la famosa denuncia policial que parecía dormir en el limbo de los tiempos ha despertado y ha sido presentada en el juzgado.


¿Y saben qué ha decidido el juez? (la juez, en este caso)


Pues, exactamente, lo siguiente:


Fecha: 14 de julio de 2022. ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En este Órgano Judicial se han recibido las actuaciones que preceden en virtud de atestado no 12251/2022 de MADRID-CENTRO-COMISARIA DE DISTRITO-ODAC, con fecha 25 de mayo de 2022. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que procede incoar Diligencias previas 1281/2022 de conformidad con lo establecido en los artículos 757 y 774 de la LECrim. SEGUNDO.- Habiéndose incoado con anterioridad en este Órgano judicial, por los mismos hechos las DIP 575/2022 para la investigación de los mismos hechos a los que se contraen estas actuaciones procede acumular el presente procedimiento al ya incoado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes de la LECrim. Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación, PARTE DISPOSITIVA INCÓESE DILIGENCIAS PREVIAS y al mismo tiempo se acuerda la ACUMULACIÓN al procedimiento seguido como DIP 575/2022 en este Órgano judicial.


Desde luego, parece verde y con asas...


La Justicia, como es de rigor, seguirá su curso, de eso no me cabe ninguna duda. Y será en ese foro donde se determine lo que proceda.

Eso sí, estoy dispuesto a apostar que el señor Onetti no hará ningún comunicado al respecto. Si acaso, despedirán a alguien más para intentar escurrir el bulto (debe de haber nervios en el departamento jurídico, seguramente).

Nada nuevo bajo el sol de esta Sgae "onettiana", que también intentó acallar este blog, aprobando en el Consejo de Dirección la incoación de un "expediente disciplinario" contra quién esto escribe, algo que todavía no han llevado a la práctica, tal vez en un estertor último de sentido común por parte de la comisión a quien le endosaban el muerto de semejante dislate (y aquí los espero, en todo caso).

La razón, por lo visto, era que atenté al honor del señor Restrepo, ya que tuve la osadía de preguntarle dónde estaba el dinero (ese dinero que en sus comunicados triunfalistas dicen haber recaudado con su maravillosa gestión y que los socios no ven en sus liquidaciones).

(ver https://www.asesorautor.com/post/dónde-está-el-dinero)


Y parece que no soy el único que se lo pregunta.

Pero tampoco nos hablará el señor Onetti del mail que recibió de un autor emblemático de esta casa, que ve con tristeza como sus liquidaciones caen en picado ante la pésima gestión de los señores Onetti y Restrepo, y el silencio de nuestros representantes, que callan, quien sabe si a cambio de un sueldo, un carguito, o una dieta; o simplemente por pura apatía...


"Queridos amigos y creadores de una de las cosas más importantes de la vida: LA MUSICA

Yo no tengo tiempo para quejarme. Eso sería perder el tiempo.

Si me siento triste, recurro a lo que sé hacer y además lo hago de puta madre.

Ahí están :

"El vals de las Mariposas",

"16 años", "Por el amor de una Mujer", "Niña no te pintes tanto", "Viento del otoño", "Se que me engañaste un día" y muchas otras...

Pero en este momento sí quiero que sepáis que mi última liquidacion del mes de junio fue de 99€ con 14 centimos.

Un ex embajador español con el cual mantengo relación, cuando le conté todo el calvario que estamos pasando todos los creadores su respuesta fue:

"Siempre pensé que la SGAE es una Sociedad con la misión de proteger y recaudar vuestros derechos autorales; pero por la prensa y por lo que te está pasando a ti con el tema "Por el amor de una mujer "y los Gipsy Kings, puedo ver que la SGAE está para esquilmar de una manera cruel a los autores españoles"

Que Dios os bendiga a todos y os ayudé a no perder vuestro talento.

Abrazo grande


Danny Daniel


Nada puedo añadir después de esto.

Si acaso, quizás, con permiso del maestro, una última cosa:


Señor Onetti, señores de la Junta Directiva, tengan un poco de dignidad y decoro; váyanse a su casa y convoquen unas elecciones limpias y transparentes que eviten que el nombre de Sgae siga salpicado por la sospecha y devuelvan la confianza a sus socios y a la sociedad en general.


No esperen a que los eche un juez...


José Miguel Fernández Sastrón

(16 de julio de 2022)